Noticia publicada a las 02:21 am 30/03/26

Por: Alberto Woolrichs Ortiz.

Las togas estudiosas y autónomas de la Nación, han venido insistiendo en el hecho cierto de que los justiciables no comprenden las más de las veces el lenguaje que utilizan los electos por voto popular. Los pensamientos, acciones y actuaciones de quienes obtuvieron el sufragio no guardan estrecha vinculación con el espíritu de justicia que pregona la Constitución Política.

Los políticos e ideólogos de este gobierno no entienden, aún con su diminuta inteligencia los razonamientos, expresiones y manifestaciones de la Primera Magistrada de la República. En efecto, si nos atenemos a las elocuentes carencias de análisis de dichos políticos y teóricos encontramos que siempre sus acciones y reacciones obedecen a intereses que mandata Andrés Manuel López Obrador. Si nos ajustamos a todo aquello relacionado con los procesos de toma de decisiones, se nulifica cualquier actitud de independencia y soberanía que pretenda asumir la referida mandataria en defensa y beneficio de la justicia.
El lenguaje obligado que cotidianamente expresa o se expresa en la política difiere en mucho del vocabulario o terminología que se acostumbra y utiliza en el entorno de justicia; en la gobernanza se usa de forma tan imprecisa que lesiona, agrede y atenta a la justicia.
Los conceptos que son manejados como poder, probidad, eficacia, conocimientos, soberanía, independencia y otros similares, varían en sentido opuesto a los que se manejan en los libros de Derecho.
La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en sus contactos matutinos tiene la imperiosa necesidad de utilizar disertaciones imprecisas para realizar un inadecuado proselitismo político a favor de su antecesor y del movimiento que la postuló para obtener el cargo que detenta, el verbo empleado por ella contiene una marcada propensión para desconcertar a los justiciables con afirmaciones como “se está imponiendo la justicia”, “la libertad de expresión es respetada”, “estamos combatiendo a la narco-política”.
Los carentes de justicia, sin embargo, tienen y mantienen una intuición o sentido opuesto para aquilatar esas premisas, acciones o manifestaciones, o para brindarle apoyo a esos inconvenientes de que “existe justicia en México”. La realidad es errada y así lo valora la población a la que se le niega un acceso decente a la justicia.
En ocasiones las expresiones de nuestra gobernante y sus funcionarios del entorno de justicia, tienen más de habilidad que de verdad, esas expresiones que profieren consisten en enredos con apariencia de sinceridad.
En el hoy al igual que en el neoliberalismo, se sigue viviendo de la mentira. No existe una procuración de justicia que someta a la narco-política originada por aquella alianza.
México requiere responsabilidad y veracidad en el lenguaje que emplea la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que se le hable a los negados de justicia con palabras precisas y verídicas, absteniéndose de errores e imprecisiones.
En las horas actuales que se viven es imprescindible que las palabras de esa gobernante sean precedidas con acciones para proceder penalmente en contra de aquél narco-político que creó la múltireferida alianza. Facta non verba.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Fuente: Índice Político.

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