Noticia publicada a las 12:58 am 21/03/26

Por: Editorial/ La Jornada.

El calendario marca que el mundo cristianizado vive en el mes de marzo del año 2026, pero al oeste de los Andes, entre el estrecho de Magallanes y el desierto de Atacama, es pleno septiembre de 1973 porque el pueblo chileno decidió en las urnas restaurar el pinochetismo que hace medio siglo se le impuso a sangre y fuego.

El presidente José Antonio Kast, quien asumió el cargo el miércoles, es el primer mandatario chileno desde 1991 que se reivindica abiertamente pinochetista y no esconde su intención de restaurar el legado del genocida, como dejó claro al anunciar un “gobierno de emergencia”, el mismo término empleado por Augusto Pinochet tras derrocar y asesinar a Salvador Allende.
Kast no sólo es heredero espiritual de Pinochet, sino su continuidad explícita: su familia puso al servicio de los golpistas vehículos e instalaciones para el traslado de personas que fueron secuestradas, ejecutadas y desaparecidas; su hermano Miguel ejerció como ministro de Planificación, ministro del Trabajo y presidente del Banco Central durante la dictadura; el propio José Antonio hizo campaña en 1988 a favor de la permanencia del régimen militar; en su campaña electoral de 2017 pidió el sufragio con el argumento de que, “si estuviera vivo, Pinochet votaría por mí; si nos hubiéramos juntado, nos habríamos tomado un té en La Moneda”. Nada de esto es pasado: ahora mismo, impulsa una ley para beneficiar a criminales de lesa humanidad con arresto domiciliario en lugar de prisión.
Como todos los neofascistas contemporáneos, Kast es un fervoroso trumpista. Sus primeras medidas de gobierno calcan punto por punto la agenda del magnate: persecución de migrantes, militarización y cierre de fronteras con zanjas en lugar de muro como tragicómica tropicalización de la xenofobia, anulación de regulaciones ambientales en nombre del crecimiento económico y desmantelamiento del Estado bajo el pretexto del equilibrio fiscal. Tal como Trump, Kast impuso un monto arbitrario de recorte al gasto público antes siquiera de haber evaluado el uso actual de los recursos públicos. Para completar su proyecto de trumpismo andino, despliega una retórica de mano dura contra el crimen al mismo tiempo que premia a los mayores delincuentes: en su discurso inaugural afirmó que “Chile necesita orden, orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido. El orden no es un capricho, es justicia; el orden es que el que viola la ley va a sufrir todo el peso de esa ley”, pero a continuación anunció su intención de indultar a los escasos represores encarcelados por la brutal represión que dejó 40 muertos, miles de heridos, centenares con lesiones oculares parciales o ceguera total por heridas causadas por perdigones disparados por carabineros, miles de detenidos, y decenas de torturados en los cuarteles policiacos durante las grandes manifestaciones sociales de 2019.
Para entender por qué una amplia mayoría del pueblo chileno eligió esta involución hay que contemplar la desastrosa gestión de Gabriel Boric y de la generación de antiguos líderes estudiantiles que llegaron al poder en 2022: el mandatario saliente y la nueva “izquierda” traicionaron todas las banderas que años antes defendieron en las calles, hicieron suyas las prácticas más atroces del Estado chileno como la guerra contra el pueblo mapuche y la entrega de sus territorios a la voracidad empresarial, e incluso adoptaron posturas contrarias a sus raíces históricas; por ejemplo, al acompañar a Washington en el cerco financiero y la desestabilización que culminaron con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Sin embargo, las carencias y pifias de Boric no alcanzan para explicar que millones de personas votaran por un proyecto de país claramente contrario a sus propios intereses y a las demandas de justicia social que han expresado durante décadas. Este giro sólo se asimila al poner el foco en la sistemática siembra de desinformación por parte de los medios de comunicación y las cúpulas patronales. Éstos y otros actores convencieron a los ciudadanos de que las finanzas públicas se encuentran en un déficit catastrófico, cuando en realidad Chile tiene un equilibrio presupuestal envidiable, mejor que el de la mayoría de los países ricos.
Asimismo, hicieron creer a la población que el Estado fue desbordado por el fenómeno delictivo pese a que sigue siendo uno de los más seguros de la región. Nada original: es la misma estrategia diseñada por la CIA para poner a la sociedad chilena contra Allende y presentar la sublevación militar como un “gobierno de emergencia nacional” hace 53 años.

Fuente: La Jornada.

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