Noticia publicada a las 02:06 am 20/03/26

Por: Arturo Sánchez Gutiérrez.

Una vez más se atropella el principio de la Federación y la soberanía de los estados queda sujeta al centro. Si es la convicción de Morena.
Usualmente un Plan B es la solución alternativa para enfrentar un problema que no se resolvió a través de la estrategia inicial. Se suponía que la nueva estrategia el oficialismo buscaría alcanzar sus objetivos ante el fracaso del Plan A presidencial.

No es el caso. La nueva iniciativa de reformas constitucionales que recibió el Senado cambió el foco y los objetivos del Plan A. Ahora se busca que la Federación, desde su visión centralista, regule la conformación de los ayuntamientos de todo país y que las entidades federativas no puedan otorgar a sus congresos locales más del 0.7% del presupuesto local.
Una vez más se atropella el principio de la Federación y la soberanía de los estados queda sujeta al centro. Si es la convicción de Morena que tales reformas son convenientes, los gobernadores morenistas habrían promovido ese tipo de cambios en sus estados. Eso no ha ocurrido. Se trata de un capricho más para levantar la bandera de “acabar con privilegios”. A estas alturas ese argumento ya no es creíble.
En el caso de la composición de los ayuntamientos, la definición del número de regidores se propone como un efecto de la población del municipio. No se presentó ningún argumento relacionado con el tamaño de la localidad, el número de comunidades que hay que visitar y atender, el tipo de problemáticas locales que caracterizan a la región, etcétera. Sigo pensando que la decisión de cómo se deben componer los ayuntamientos corresponde a las entidades.
En todo caso, el verdadero atropello a la democracia es la intención del mal llamado Plan B, de abrir la posibilidad para que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de las elecciones federales, el primer domingo de junio de 2027, o, como ya está establecido, el mismo día en 2028. El tema ya fue discutido en 2019, cuando se estableció la revocación de mandato en la Constitución. Ahora resurge el capricho con el argumento de ensanchar los derechos de los ciudadanos de solicitar la revocación de su presidenta. Tampoco es creíble ese argumento, pues es evidente la intención de incluir a la mandataria en la elección para favorecer la votación a favor del partido oficial, a costa de la equidad en la competencia.
La Presidenta insiste en que solo se busca que la titular del Ejecutivo pueda “hablar” sobre la revocación de mandato durante el proceso. Lo que ocurre es que la iniciativa expresamente dice: “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. Eso, en buen español, se llama hacer campaña. En todo caso la pregunta es: ¿a qué le temen? Adelantar la revocación pareciera otro capricho basado en el temor de perder la mayoría calificada en la elección de 2027, o algunas de las 17 gubernaturas que estarán en juego el año que entra. Y todavía hay que esperar a las iniciativas para reformar las leyes secundarias. Mal Plan B.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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