Noticia publicada a las 02:04 am 19/03/26

Por: Aurelio Contreras Moreno.

Desde el pasado domingo 1 de marzo, las costas de Veracruz y Tabasco han sufrido un desastre ambiental que devora la vida a su paso.
Chapopote y petróleo crudo han invadido playas, lagunas y arrecifes en una franja que abarcaba en un principio casi 170 kilómetros de litoral, desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, pero que se ha extendido ya a más de 230 kilómetros,

afectando a 39 localidades, 30 de las cuales pertenecen al estado de Veracruz. Sin que ninguna autoridad atine o le preocupe siquiera hacer algo por contener lo que ya es un ecocidio en toda forma.
No hay manera de ocultar el desastre: tortugas, peces y manatíes muertos, costas contaminadas y manglares cubiertos de crudo viscoso que arrasa con un ecosistema moribundo, son parte de un paisaje dantesco del que nadie se hace responsable ni aporta soluciones.
De acuerdo con un pronunciamiento suscrito por organizaciones ambientales y comunidades afectadas, el derrame ha alcanzado sitios de enorme valor ecológico, como la Laguna del Ostión, vital para la reproducción de ostiones, almejas, camarones y peces como el robalo y el chucumite. Este cuerpo de agua es también refugio de aves migratorias y residentes cuya supervivencia depende de la salud del manglar y de la calidad del agua. La contaminación amenaza con romper cadenas nutritivas enteras: los hidrocarburos se adhieren a las branquias de los peces, alteran la fotosíntesis de las plantas acuáticas y envenenan a los crustáceos que son base alimenticia de aves y mamíferos marinos.
El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, con 17 arrecifes, también está en riesgo. Estos ecosistemas no solo son reservorios de biodiversidad, sino barreras naturales contra huracanes y fuente de ingresos para el ecoturismo. La falta de información oficial sobre el impacto en los arrecifes revela una omisión grave: sin estudios inmediatos, los daños podrían ser irreversibles.
Se estima que unas 14 mil personas dependen directa o indirectamente de la pesca y el turismo en la zona afectada. Para ellas, el derrame significa hambre, enfermedad y despojo.
La contaminación del mar no solo destruye fuentes de sustento, también amenaza la salud pública. El contacto con hidrocarburos puede provocar irritaciones en la piel, problemas respiratorios y daños neurológicos. El consumo de pescado contaminado expone a las comunidades a riesgos de intoxicación crónica. La omisión de las autoridades, tanto federales como estatales, en este sentido, no es solo negligencia: es complicidad con el deterioro de la salud de miles de personas.
En un comunicado del 2 de marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó “alguna fuga o derrame petrolero en las playas del sur de Veracruz”. Sin embargo, imágenes satelitales del 20 de febrero revelaron una mancha de petróleo de 37 kilómetros mar adentro frente a Campeche, posiblemente vinculada con infraestructura petrolera y con dispersión hacia Tabasco y Veracruz, denunció la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México. La narrativa oficial es la recurrente: minimizar, negar y dilatar responsabilidades. El sello de la casa.
El gobierno federal y las autoridades ambientales han guardado silencio o emitido respuestas insuficientes. No hay protocolos claros de atención, ni brigadas de limpieza, ni estudios independientes que determinen el origen del derrame. Así que la omisión es doble: frente a la emergencia inmediata y frente a la necesidad de prevenir futuros desastres. Y ya hemos tenido experiencias bastante recientes sobre las consecuencias de esos niveles de indolencia en Veracruz.
Al proteger a la industria petrolera y evitar fincar responsabilidades, el Estado sacrifica la vida de comunidades y ecosistemas en nombre de un modelo energético en camino firme e inexorable hacia la obsolescencia. La falta de protocolos efectivos de prevención y atención a derrames refleja la subordinación de la política ambiental a los intereses de la industria fósil, que algunos trasnochados aún creen que pervivirá por mucho tiempo.
Pero el Golfo de México no es propiedad de Pemex ni del gobierno, ni sus aguas, costas, arrecifes, flora y fauna monedas de cambio para sostener una caja chica. Son territorios de vida que sostienen a miles de familias y especies. La omisión, en este caso, equivale a un acto de violencia, de agresión contra comunidades y especies de esta región del país.
El derrame de petróleo en el Golfo de México es un crimen ambiental y social. Y a los que cometen crímenes se les sigue llamando, invariablemente, criminales.

Ausencia de seriedad
Faltar a la palabra, cambiar unilateralmente lo acordado previamente y causar daño con premeditación, es un signo inequívoco de deshonestidad y corrupción. Y luego quieren dar lecciones de moral.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras

Fuente: Índice Político.

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