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Entre el debilitamiento de programas como Medicaid y el financiamiento de intervenciones militares, el ciudadano común ha quedado atrapado en una red de desigualdad financiada con sus propios impuestos. Mientras la mayoría de los estadunidenses está en contra de la guerra contra Irán (sólo 36 por ciento la aprueba, según encuestas, https:// tinyurl.com/mscenmn9), son obligados a pagarla con su propio trabajo. Al mismo tiempo, el sistema tributario provoca que la inequidad crezca a todo galope.
Un informe recién publicado por el Institute for Policy Studies (IPS) muestra que la mayoría de las más grandes empresas en Estados Unidos pagan tan poco a sus trabajadores, que estos se ven obligados a depender de prestaciones públicas, justamente las que han sufrido recortes masivos como el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) y Medicaid. Sin embargo, los CEO de estas empresas se embolsan sueldos unas 900 veces, en promedio, más altos que la media de sus empleados. Estas empresas se han dedicado a gastar, además, miles de millones en la ‘recompra’ de acciones, lo que eleva artificialmente su precio y, con ello, la remuneración de sus altos funcionarios, pero, no el salario de los trabajadores. (Ver reporte de Sarah Anderson, https://tinyurl.com/23sz5fzk).
Anderson analiza las 20 empresas que más emplean a trabajadores con bajos salarios en Estados Unidos, un grupo al que denomina el Low-Wage 20, que en conjunto emplea a aproximadamente 6.7 millones de personas. Mientras el salario promedio de sus trabajadores oscilaba (en 2024) entre 9 mil 602 dólares (Ross Stores) y 47 mil 607 dólares (MGM Resorts) al año, la remuneración promedio de los CEO de estas empresas fue de más de 18 millones de dólares anuales. El Low Wage-20 lo integran Wal Mart, Amazon, Costco, Starbucks, Home Depot, entre otras empresas gigantes.
Mientras los salarios de los directores ejecutivos siguen siendo astronómicos, los trabajadores con bajos salarios sufren de la inflación y el aumento de costos de alimentos, medicinas, y otras necesidades básicas. Al mismo tiempo se enfrentan al desmantelamiento de la seguridad social. En el reporte de Anderson se prevé que 7.5 millones de estadunidenses van a perder Medicaid y 4 millones las prestaciones del SNAP, para así “compensar” los recortes fiscales a las corporaciones y a la gente acaudalada bajo la cruelmente denominada Big Beautiful Bill de Donald Trump, aprobado por los republicanos en el Congreso. Las recomendaciones del reporte de IPS para revertir estas injusticias son muchas, desde “multas a malas empresas”, fortalecer protecciones laborales, aumento de salarios mínimos, mayores impuestos a grandes corporaciones, hasta el uso de contratos federales y subsidios que estimulen salarios más equitativos.
Al mismo tiempo, el pueblo trabajador estadunidense debe financiar la ilegal guerra de Trump contra Irán, a pesar de su oposición a ella y a otras invasiones. Khury PetersenSmith del IPS y & Azadeh Shahshahani de National Lawyers Guild escriben que las encuestas acerca de opiniones mayoritariamente en contra de invadir Venezuela y ahora la guerra contra Irán, muestran que hay en el gobierno de Trump un abandono de estrategias de “fabricación de consentimiento”, en favor de azuzar a la base MAGA con muestras “descaradas de violencia de Estado”. Explican también que aunque Trump se atribuya el mérito de haber creado las atrocidades militares que está exhibiendo –y contrastándose con sus predecesores a los que tacha de débiles– “la capacidad de Estados Unidos para el tipo de violencia que estamos viendo se ha construido a lo largo de décadas por administraciones anteriores y de la implementación por parte del Congreso de amplias políticas de ‘guerra contra el terrorismo’ (https://tinyurl.com/3zransk9)”.
En otro reporte del National Priorities Project del IPS, también reciente, se analiza cuánto está costando a los contribuyentes estadunidenses la guerra contra Irán. Las estimaciones de la primera semana de marzo alcanzan costos por miles de millones de dólares, y el “hecho es que cada dólar gastado en esta guerra es un dólar que no está disponible para ayudar a los estadunidenses que atraviesan dificultades”, según las autoras, Hannah Homstead y Lindsay Koshgarian (https:// tinyurl.com/y93p4v8z). Una estimación de costos operativos y de apoyo tan sólo del principal equipo desplegado en la región en las semanas recientes, que incluye a dos grupos de ataque de porta aviones y más de 200 aviones militares, están costando a los contribuyentes alrededor de 60 millones de dólares diarios. Pero el costo total del mantenimiento de bases en medio oriente es mucho mayor y podría llegar a “trillions” de dólares, como fue la guerra contra Irak, según Koshgarian (https://www.cnn.com/2026/03/06/politics/uswar-iran-cost).
En contraste, esos 60 millones diarios podrían cubrir los costos diarios de Medicaid para más de 4 millones de estadunidenses, o del SNAP (cupones de alimentos) para más de 9.5 millones de estadunidenses. En suma, dice el reporte, “mientras la cifra de muertos aumenta y los costos continúan, el Pentágono está gastando masivamente en una guerra no autorizada, caprichosamente elegida, mientras los estadunidenses batallan por alcanzar sus necesidades básicas”.
En definitiva, el sistema castiga doblemente al trabajador estadunidense: primero, mediante salarios que lo mantienen en la precariedad frente a ganancias corporativas récord y, segundo, al ser utilizados sus impuestos para financiar guerras que rechaza. La brecha entre las empresas del Low-Wage 20 y las altas esferas del poder no es sólo económica, sino una crisis profunda de representación democrática. Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto puede sostenerse un modelo dedicado a la expansión militar y al beneficio de élites a costa del desmantelamiento de la red de seguridad social de sus propios ciudadanos?
* Investigador del Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
Fuente: La Jornada.
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