Noticia publicada a las 02:38 am 15/03/26

Por: Rolando Cordera Campos.

En 1995, la escritora Julieta Campos (se) preguntaba ¿Qué hacemos con los pobres? (México, Aguilar, 1995) y, si nos atenemos a nuestra falta de crecimiento y a la pésima distribución de los ingresos, la respuesta es contundente: poco o casi nada hemos hecho.
A lo largo del siglo, lo que en México ha prevalecido es un cuasi estancamiento económico del que se han nutrido las enormes brechas sociales y agudizado la desigualdad que nos marca “(…)

el 1 por ciento más rico de la población –apenas 1.3 millones de personas– percibe 35 por ciento del ingreso total, posee 40 por ciento de la riqueza privada nacional (…) Esta concentración extrema convive con 18.8 millones de personas sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar (…)”. Así se consigna en el informe de Oxfam México Oligarquía o democracia: Nueve propuestas contra la acumulación extrema en México, donde se recoge la falta de políticas y acciones que detonen el crecimiento económico y pongan coto a esta desigualdad.
Ante este panorama desolador no sobra insistir: a México le urge crecer más y distribuir mejor, trazar un nuevo curso porque la estrategia seguida no ha dado los frutos esperados. Nos volvimos una gran economía exportadora al calor de la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, pero sus logros son contrastantes. Si bien se ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, el costo social ha sido sumamente elevado y los éxitos exportadores no se han traducido en una mejoría social sustantiva y duradera. De ahí la urgencia de convocar a una reforma de la hacienda pública como pieza central para dicho nuevo curso.
Aparte de tomar nota de nuestras absurdas polarizaciones y excesos generalizadores, es preciso recalcarlo: requerimos como país y como economía una reforma que se sustente en un gran pacto social que articule las voluntades y desacuerdos de todos los días. Es decir, un acuerdo que fije prioridades, que mejore las capacidades productivas de la economía y contribuya a fortalecer nuestras reglas democráticas en el marco del estado de derecho.
Se trata de asumir, en sus justos términos, que no enfrentar las causas de nuestro bajo crecimiento implica seguir posponiendo, sin término, tareas pendientes y, además, obstaculizar la provisión de servicios públicos –de por sí deficientes, desestructurados y desiguales–, en particular los relacionados con la infraestructura social y productiva; los que mantienen en operación la rueda viscosa y viciosa entre no crecimiento, falta de empleos buenos, aumento de la precariedad e informalidad laboral y, desde luego una recaudación baja, deficiente e insuficiente.
Todo un campo fiscal minado, con una recaudación pobre y distorsionada que, al decir del querido Jaime Ros, ha contribuido a perpetuar nuestra histórica desigualdad dada la incapacidad del Estado de cumplir con sus funciones redistributivas primarias y elementales. El reto es mayor, pero podríamos resumirlo como el encauzamiento y la progresiva superación de la compleja relación entre concentración del ingreso, escaso crecimiento del mercado interno, informalidad y precariedad laboral. Ésta no puede ser nuestra nueva normalidad, menos aún frente a las tormentas de disrupción y abuso que nos anuncia sin cesar el aspirante a hegemón de los nuevos mundos.
Requerimos, dicho de otra manera, recuperar el papel del Estado en la economía, restaurar las reglas de juego que eviten el predominio de una “economía de los privilegios”, contar con un Estado que garantice que los mercados funcionen y la economía crezca ordenadamente, cuya legitimidad deriva de sus atribuciones y naturaleza: ser un Estado social, democrático, constitucional, fuerte y transparente. Lo que hemos sido apenas y siempre en sus inicios.
Sólo así empezaremos, en verdad, a hacer algo por superar las desigualdades que nos cruzan.

Fuente: La Jornada.

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