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Como resultado del amparo que promoví, la justicia federal ordenó la reposición del procedimiento de la audiencia inicial y las que le siguieron, dejar sin efectos todos los actos procesales derivados de éstas como la formulación de imputación, la vinculación a proceso y el plazo para el cierre de la investigación complementaria.
El Juzgado que resolvió este recurso acordó que el juez de oralidad penal Joel Daniel Baltazar ya no podrá continuar ni conocer la demanda que presentó la Fiscalía del Estado en mi contra por las violaciones procesales en que incurrió.
Entre las que sobresale su negativa de que las audiencias fueran públicas, como yo mismo lo solicité atendiendo al principio de publicidad y por considerar que no existen razones para que este juicio no fuera conocido por la opinión pública y los interesados en el caso.
Hecho este paréntesis, paso a comentar esta antología preparada por el periodista y ensayista Humberto Musaccchio bajo el sello editorial de Grano de Sal.
El libro reúne 43 artículos y columnas que dan cuenta del deterioro que ha venido sufriendo la libertad de expresión y de las distintas maneras que los gobiernos, políticos y dirigentes de la Cuatro Te se las han ingeniado para blindarse y silenciar las críticas de la prensa, de los usuarios de redes sociales, de los opositores del régimen y de ciudadanos comunes y silvestres.
Las formas son diversas. Van desde la estigmatización y el ahorcamiento publicitario, las amenazas de pérdida concesiones y de cierre de plataformas digitales, pasando por denuncias de difamación, ciberacoso y daño moral, hasta llegar a las demandas por violencia política en razón de género.
Democracia, demandas judiciales y libertad de expresión
La censura en México nunca ha desaparecido, ha cambiado de ropaje, a veces se ha vuelto sofisticada y pedagógica, pero siempre ha estado presente.
México transitó formalmente a la democracia con el fin del priato y la alternancia de partidos en la presidencia de la República, las cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, gubernaturas y presidencias municipales. Pero en el país la censura nunca se ha erradicado.
Hoy, en tiempos de erosión institucional y populismo, a las viejas tecnologías censoras —violencia física, estigmatización desde el púlpito presidencial, asfixia económica— se suma la intensificación del acoso judicial, apunta Leopoldo Maldonado, director regional de la organización internacional Artículo 19 en el ensayo que cierra este libro.
Hay varios textos que valen la pena, algunos de reconocidos académicos, periodistas, intelectuales y políticos de izquierda como Gerardo Esquivel, Alejandro Encinas, Julio Hernández y Jorge Meléndez, recientemente fallecido, que tienen una visión muy crítica sobre la forma en que los gobiernos de AMLO y Sheinbaum, vienen debilitando la libertad de expresión.
Pero hay un texto por el que al menos yo adquiriría esta complicación. Es el informe de Polo Maldonado.
La estigmatización a la que tan afecta son los gobiernos de la Cuatro Te tiene el propósito de desacreditar a los medios y periodistas ante la sociedad para que después los radicales, los idiotas útiles que nunca faltan, nos agredan en redes sociales y, a veces de manera física como ha ocurrido con algunos colegas, y para las instancias judiciales nos persigan y nos inicien procesos por daño moral, calumnias, ciberacoso, violencia política de género y lavado de dinero.
El acoso judicial se ampara en el manto de la legalidad hoy tan cuestionada. Éste no lo opera o ejecuta un sicario de la calle, sino dependencias, ministerios públicos, diputados y servidores públicos con el propósito de silenciar a la prensa y blindarse de cualquier crítica o publicación en medios, redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.
Cada demanda o denuncia no sólo afecta al periodista o medio de comunicación directamente señalado, sino a toda la prensa a la que le envía un mensaje intimidante: no se metan con este tema, no toquen a esta persona, no cuestionen a este poder.
El acoso judicial no solo produce desgaste económico, sino que genera un costo psicológico y social de largo alcance y alto impacto: estrés y desgaste emocional en los periodistas y dueños de medios demandados, así como en sus familias, socios y empleados.
Asfixia económica por los boicots publicitarios que hay que sortear y los gastos a veces millonarios que hay que erogar en abogados y defensores, y un desgaste profesional terrible, pues en lugar de que los periodistas hagamos nuestra chamba, que es reportear, investigar y publicar, se nos van las horas y los días en leer demandas, responderlas, atender citatorios de ministerios públicos y jueces, y en audiencias judiciales que parecen interminables.
El efecto del acoso judicial es la autocensura es de amplio espectro y con consecuencias políticas y sociales terribles al erosionar el sistema democrático.
Los periodistas y medios dejan de publicar por miedo. Y eso vulnera el corazón de la democracia, porque sin prensa libre no hay democracia y sin democracia tampoco puede haber prensa independiente.
Por la censura y la autocensura, México vive hoy una regresión democrática, un retorno a los tiempos del partido único o partido predominante, y un desgaste y pérdida de legitimidad de poderes, partidos e instituciones que nos ponen en riesgo de un populismo desbordado con claros rasgos de neofascismo.
Sin periodistas y medios de comunicación que ejerzan a plenitud la libertad de expresión y el derecho a informar, y se conviertan en el instrumento de la sociedad para que los políticos y gobernantes rindan cuentas de sus acciones y de los recursos públicos que manejan, no puede existir un sistema democrático verdadero.
Los periodistas tenemos que convertirnos en la red de seguridad de la democracia y en el dique contra el populismo que amenaza y vulnera los principios, valores, instituciones, métodos y formas de la democracia.
Pero para conseguirlo necesitamos hacer equipo entre nosotros, apoyarnos, no vernos como enemigos y emprender juntos una cruzada para despenalizar los delitos como difamación, injurias y ciberacoso, luchar por la transparencia y contra la opacidad en la asignación facciosa y discrecional de la publicidad oficial y por emprender acciones políticas y legales para que la figura de la violencia política en razón de género no se convierta, como sucede hoy en Puebla y en varias ciudades del país, en un instrumento de censura y autocensura.
*Extracto de los comentarios que el autor de este blog hizo en la presentación del libro Cállense.
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Fuente: E-consulta.
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