Noticia publicada a las 03:52 am 13/03/26

Por: Carlos Ramírez.

Si se quieren entender un poco las dificultades del Gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo para terminar la iniciativa de reforma electoral que le dejó de tarea su antecesor, habría que abrir el obturador político y señalar que el presidente emérito y la presidenta en funciones tardaron en encontrarle la cuadratura al círculo para presentar un documento que respondiera a las expectativas del Palacio de Invierno de Palenque.

Lo ocurrido en 2022 y 2023 con la iniciativa lopezobradorista de reforma electoral llevó a la reforma judicial para terminar con la autonomía Suprema Corte de Justicia de la Nación como poder con relativa independencia jurídica e imponer un Poder Judicial postrado al presidente a López Obrador. La reforma shaumbista no será frenada por la actual Corte.
El contenido central de la reforma electoral entregada el miércoles a la Cámara de Diputados –aún con el pesimismo de que no iba a pasar y que entonces habría un Plan B— es exactamente la misma en medidas e intenciones que propuso López Obrador en 2023 para condicionar la sucesión presidencial transexenal.
Como consecuencia del conflicto electoral-poselectoral de 1988 que desnudó a la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett por entronizar a Carlos Salinas de Gortari como presidente, los partidos políticos entraron en una disputa por controlar a la autoridad electoral. La reforma del IFE de Salinas-1990 Zedillo-1996 culminó con la reforma PRIAN del INE en 2012-2014 con el Pacto por México, con los dos pivotes que afianzaron el control del PRI y del PAN sobre la autoridad electoral –José Woldenberg y Lorenzo Córdova Vianello–, con la intención de frenar el impulso de López Obrador rumbo al 2018.
López Obrador promovió en 2022 y 2023 dos reformas electorales, pero no contaba con la mayoría calificada en la Cámara. El Plan B fue anulado por una controversia constitucional decidida en la Suprema Corte, pero centrándose de manera exclusiva en el incumplimiento del proceso legislativo y no se metieron con el contenido de la reforma.
La presidenta Sheinbaum presentó su Plan A el miércoles, pero a sabiendas de que no pasaría en el Congreso por la rebelión del Partido Verde y del Partido del Trabajo, y por anticipado anunció un Plan B reproduciendo el modelo de López Obrador. Si los dos aliados de Morena apoyan la reforma por acuerdos secretos, habrá una controversia constitucional sobre el contenido pero ya en una Suprema Corte colonizada por la 4T, como se vio en el mensaje simbólico esta semana de los ministros con vestimentas indígenas falsas en modo de botargas sesionando con bastones indígenas de mando en Chiapas.
Si se revisa la sesión de la corte del 24 de noviembre de 2023, ahí se encontrarán los 12 puntos del Plan B electoral de López Obrador que hoy aparecen en el plan A de la presidenta Sheinbaum (que sería el C) y que regresarán por sus fueros en el Plan B (o Plan D) del Gobierno actual para darle la vuelta a las restricciones constitucionales. Esos puntos reorganizan al INE en función de los intereses de Morena, se meten con el gasto electoral para beneficiar al nuevo partido hegemónico, distorsionan la organización del padrón electoral y reorganizan los plurinominales para que el gobierno pudiera meter la mano en los partidos imponiendo reglas en las prácticas internas para definir esas nominaciones.
La idea en 2023 y 2026 fue cerrarle los espacios a la oposición, restaurando el modelo de partido hegemónico, con reglas electorales y equilibrios en la autoridad electoral que vienen desde las reformas electorales de Salinas en 1990, Zedillo en 1996 y Peña Nieto en 2014, aunque hoy con la ironía del destino de que los anteriores beneficiarios del IFE/INE –Woldenberg, Córdoba Vianello y Edmundo Jacobo Molina– crearon un IFE/INE para el PRIAN y ahora Morena se los arrebata con la ola mayoritaria en el Congreso.
La paradoja radica en que la estructura electoral que Salinas fundó para presentar al IFE como una gata revolcada de la Comisión Federal Electoral de Bartlett Díaz en 1988 ahora servirá para la mayoría de Morena como nuevo partido hegemónico.
La lógica del proceso institucional de iniciativas de ley impugnadas como controversias constitucionales explicó el Plan B del presidente López Obrador en 2023 con loa Planes A y B (o C y D) de Sheinbaum: imponer sucesora para que cumplimentara la captura de la Suprema Corte de Justicia y convertirla en una Consejería Jurídica B de la Presidencia y luego meter controversias contra la reforma para ahogarlas en el morenismo de la Corte.
Las reformas electorales AMLO-CSP se entienden por la reforma judicial: quitarle la Corte a la oposición y someter a los ministros de la corte para desechar controversias.
Así que habrá que revisar la derrota de la reforma electoral en 2023 para saber dónde estará la victoria de la reforma electoral de 2026.
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Política para dummies: la política, como la tierra revolucionaria, es de quien la trabaja.
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