|
Se le critica por querer eliminar las diputaciones plurinominales lo mismo que el fuero, reducir los recursos públicos para el INE y para los partidos políticos, o porque el ya de por sí colonizado órgano electoral podría perder su autonomía simbólica… pero se soslaya y hasta omite su pretensión de impulsar en México un modelo de democracia participativa, similar al cubano, ecuatoriano y, entre otros, el venezolano.
La propia señora Claudia Sheinbaum lo destacó así la semana anterior calificándola como “un componente clave de la iniciativa”.
Y como siempre hemos llegado tarde al debate teórico es fácil que comulguemos con todas las ruedas de molino de la nueva y funcional democracia participativa que nos quieren endilgar los cuatroteros.
“Mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país. Eso se llama democracia participativa”, afirmó, al plantear que las consultas no se limiten al ámbito nacional, sino que también se extiendan a estados y municipios.
Teóricamente, la democracia participativa es un modelo político que busca ampliar el poder de los ciudadanos, permitiéndoles involucrarse activamente en la toma de decisiones públicas más allá del voto, complementando la democracia representativa mediante mecanismos directos como consultas, plebiscitos, presupuestos participativos, y espacios de deliberación para influir en políticas y gestión gubernamental, promoviendo una ciudadanía más informada y comprometida.
Y Morena confía en que, por sus dádivas del Bienestar, invariablemente obtendrá el apoyo de sus beneficiarios, por más locas o arbitrarias que sean sus propuestas sometidas a consulta popular. Al final impondrá sus objetivos.
Bemoles de la participación ciudadana
Suena de maravilla involucrar a un gran número de ciudadanos en la toma de decisiones complejas, pero eso puede ser un proceso lento y costoso, lo que podría no ser eficaz, especialmente durante crisis que requieren acción rápida.
Además, la exigencia de participar frecuentemente en referendos o consultas puede llevar a la fatiga o apatía de los votantes, resultando en una baja participación que resta legitimidad a los resultados, tal y como resultó en las amañadas consultas que López Obrador organizó para cancelar el NAIM o para impedir de un tajo que una cervecera se instalara en Mexicali. Fue su sacrosanta voluntad la que se impuso.
Los ciudadanos en general carecen del tiempo, la información o los conocimientos especializados necesarios para tomar decisiones informadas sobre políticas públicas complejas, lo que podría llevar a resultados que no fuesen los mejores.
Y siempre existirá el riesgo de que la opinión pública sea manipulada por grupos de interés, élites políticas o medios de comunicación influyentes, en lugar de reflejar un consenso genuino e informado. Morena, lo hemos visto, es siempre ese gran manipulador.
Las decisiones tomadas por la mayoría, sin contrapesos institucionales adecuados, ignoran o incluso perjudican los derechos e intereses de las minorías. Lo vemos en el ámbito legislativo, por ejemplo, donde “la barredora” senatorial de Adán López y “la manada” de San Lázaro pastoreada por Ricardo Monreal imponen los caprichos surgidos de Palacio Nacional, sin escuchar a las oposiciones y sin cambiarle “ni una coma” a los deseos de los gerifaltes.
Por si fuera poco, a diferencia de los representantes electos, a menudo es difícil responsabilizar a los participantes individuales por los resultados de las decisiones colectivas. Una suerte de Fuenteovejuna.
El nuevo constitucionalismo de AL
Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, da cuenta en su estudio sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano apunta que la democracia participativa es el ingrediente principal de los textos jurídicos supremos que han tenido lugar en países de América Latina en los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI, y que abarcan a países como Brasil (1988), Costa Rica (1989), Paraguay (1992), Perú (1993), Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009).
porque existen rasgos
Estas ideas, ya plasmadas en las constituciones de esos países, surgen “en el extrarradio de la Academia, producto más de las reivindicaciones de los movimientos sociales que de los profesores de Derecho constitucional”.
Y esos movimientos sociales, cuyos exponentes son Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez, Rafael Correa y, entre otros, Evo Morales, incorporaron
La Constitución venezolana de 1999 fue una necesidad constituyente producto de una crisis social y política, un referéndum activador del proceso constituyente, un referéndum de aprobación del texto y un producto constitucionales que quedarían protegidos contra eventuales reformas a cargo de los poderes constituidos. ¿Recuerda usted que en México ya se aprobó que la Carta Magna, desde el último septiembre, ya sólo puede ser modificada por los morenistas?
La Constitución ecuatoriana de 2008 fue la segunda expresión de ese movimiento. Ese documento se distinguió por incorporar un catálogo muy amplio de derechos fundamentales redactados con fórmulas abiertas y abstractas.
Poco después, la Constitución boliviana de 2009, de alguna manera perfeccionó el método porque, además de los elementos contenidos en las dos Constituciones anteriores, reconoció el carácter plurinacional y poscolonial del Estado y, como una reafirmación del énfasis popular del fenómeno, sancionó la elección democrática y popular de los miembros del tribunal Constitucional Plurinacional.
¿Reforma con objetivos socialistas?
Salazar Ugarte también señala que las nuevas Constituciones latinoamericanas son complejas, intricadas y contradictorias. Recogen las libertades negativas y los mecanismos judiciales de protección que maduraron en la tradición liberal occidental y los conjugan con otro catálogo amplísimo de derechos que provienen de las más diversas tradiciones (desde la democracia hasta el indigenismo pasando por el socialismo). Al mismo tiempo, otorgan al Estado poderes amplísimos para intervenir en la vida social, política y económica de la comunidad. Desde el punto de vista de sus génesis ideológicas, se trata de Constituciones ambiguas.
Y aquí en nuestro país, la democracia participativa elogiada por Sheinbaum, al igual que sucede en Cuba, es un concepto defendido por el Estado como un objetivo socialista que incluye mecanismos como las consultas populares (ej. Código de Familia) y elecciones, buscando la implicación ciudadana, pero desde una perspectiva oficialista de “poder popular”; sin embargo, críticos y observadores señan que la falta de pluralismo político y las restricciones a la libertad de expresión, especialmente en internet, limitan la verdadera participación, convirtiéndola en un sistema más controlado que abierto, aunque recientes protestas digitales muestran un deseo ciudadano tener por mayor voz.
Ese es el fondo real de la reforma electoral propuesta por el régimen de Cuarta… y cuyo amanuense es el comunista Pablo Gómez.
¿Hacia dónde quieren llevar al país?
¿Están abriendo así otro frente de conflicto con el gobierno de Donald Trump?
Usted ¿qué cree?
Indicios
La interesada oposición de las dirigencias de los partidos satélites de Morena a la reforma electoral propuesta por la dupla AMLO / Sheinbaum no pasará más allá de Bucareli, donde la titular Rosa Icela Rodríguez ya exhumó los expedientes del dirigente del PT, Alberto El Beto Anaya sobre sus negocios con estancias infantiles. Le adelanto que este martes saldrán a relucir los muchísimos que el ya no tan Niño Verde acumula sobre sus negocios en Quintana Roo y San Luis Potosí. Y ya doblados y doblegados… * * * Mi agradecimiento por haber leído hasta aquí este Índice Político. Como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
https://www.indicepolitico.com
indicepolitico@gmail.com
@IndicePolitico
@pacorodriguez
Fuente: Índice Político.
[Regresar a la página principal] |
