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Es, sin duda, un logro social: millones de trabajadores verán crecer su ingreso nominal y, con ello, su capacidad de consumo. Pero junto a los beneficios, también emergen tensiones que rara vez ocupan el centro del debate: las que enfrentan los negocios familiares y empresas que operan dentro de la legalidad.
Estos negocios, que forman el corazón económico de miles de comunidades, no cierran ni se mudan cuando las condiciones se complican. Permanecen. Son resilientes. Y en muchos casos, son la última trinchera de empleo formal y estabilidad local.
Desde la mirada de la teoría económica clásica, aumentos significativos en el salario mínimo deberían reducir el empleo. Sin embargo, las investigaciones del Nobel David Card han demostrado que esta relación no es tan lineal. Card evidenció que, en entornos reales, elevar el salario mínimo no destruyó empleos, y en algunos casos incluso los aumentó. Su enfoque, basado en “experimentos naturales”, cambió la forma de entender el mercado laboral: ya no como un sistema perfectamente competitivo, sino como un ecosistema lleno de fricciones, desigualdades y dinámicas no convencionales.
Bajo esta mirada, el incremento del salario mínimo en México no debería asumirse automáticamente como una amenaza al empleo formal. Pero sí debe considerarse su impacto diferenciado, especialmente sobre los pequeños negocios. Porque para ellos, el aumento no es solo un ajuste de sueldos. Es una cadena de incrementos: mayores cuotas al IMSS, más contribuciones al INFONAVIT, aumentos en los impuestos, incluso el impuesto sobre nómina que castiga al empleo formal, reconfiguración de tabuladores, y una carga administrativa que exige tiempo, conocimiento y recursos. Todo esto mientras se lucha por mantener márgenes, pagar rentas, adquirir inventario y seguir operando con dignidad.
No se trata de resistirse al salario digno. Al contrario: muchos dueños de negocios saben que un trabajador mejor pagado es también un trabajador más comprometido y estable. Lo que duele es otra cosa: el desequilibrio entre la exigencia y el acompañamiento. Lo que asfixia es que, mientras se reconoce la importancia de las mipymes, la regulación y la carga fiscal las tratan como si fueran grandes corporativos.
El debate público suele agrupar a “las empresas” en un bloque abstracto, sin distinguir tamaños, contextos ni capacidades. Pero hay una enorme diferencia entre una multinacional con oficinas en varios países y una ferretería, una estética, un consultorio médico, un prestador de servicios administrativos, de seguridad, turísticos, de transporte o una cafetería local que paga puntualmente sus cuotas y emplea a personas en cada barrio.
Cuando viene la crisis, muchos capitales migran. Pero el negocio familiar no. Ahí sigue, con la misma cortina, en la misma calle, con los mismos trabajadores que ya son parte de la familia extendida. Y en ese sentido, no solo producen riqueza: generan comunidad, identidad, continuidad.
Por eso urge replantear la narrativa. El salario mínimo debe seguir subiendo —de forma sostenible—, pero debe hacerlo acompañado de una política económica integral que contemple a quien lo paga: facilidades administrativas, incentivos a la formalidad, revisión de cuotas y simplificación tributaria.
Aumentar el salario mínimo sin fortalecer a los negocios familiares y empresas es como exigir más velocidad a un auto sin revisar su motor. Es tiempo de entender que no hay salario justo sin empresa viable. Y que la informalidad no se combate con discursos, sino con condiciones reales que hagan posible cumplir con la ley y al mismo tiempo sobrevivir.
Entre 2019 y 2025, México logró avances históricos: un aumento de 154% en el poder adquisitivo real del salario mínimo, una mejora significativa en la reducción de la pobreza laboral y sin una inflación descontrolada. El incremento de 13% en 2026 sigue la misma línea. Pero ya comienzan a sentirse los efectos colaterales: compresión salarial, presión sobre estructuras organizativas y sobre todo, sobrecarga para los negocios más pequeños.
Ventajas como el impulso al consumo, la mejora de las pensiones y la reducción de la desigualdad son indiscutibles. Pero también son reales los riesgos: menor generación de empleo formal, subempleo, incentivos a la informalidad y erosión del tejido empresarial más frágil.
David Card sostiene que el salario mínimo, más que crear o destruir valor, redistribuye. Pero en esa redistribución, no podemos permitir que los negocios formales pequeños sean los que más pierden.
Hoy más que nunca, se necesita un nuevo pacto económico. Uno donde pagar bien no sea sinónimo de vulnerabilidad. Donde cumplir la ley sea una ventaja, no una desventaja. Donde las políticas sociales reconozcan que, sin negocios vivos, no hay empleos estables ni comunidades fuertes.
El salario sube, sí. Y eso es motivo de celebración. Pero también debe ser un llamado a preguntarnos: ¿estamos haciendo lo suficiente para que quienes sostienen la economía real —los que nunca se fueron— puedan quedarse, crecer y seguir generando futuro?
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