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fue “Buenas noches, feliz Año Nuevo”. No fue el comportamiento de un guerrero, ni de quien está dispuesto a terminar de inmolarse, desde la derrota, ante su enemigo histórico. Lo que mostró Maduro es algo que debió sorprender y preocupar a sus simpatizantes, pero sobre todo a sus socios –en el sentido cubano de la palabra– en América Latina, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo que sucedió en realidad: no fue una captura, revelaron fuentes estadounidenses, sino una entrega negociada.
López Obrador salió de su autoexilio para describir la acción contra Maduro como un “secuestro”, y calificar las acciones militares en Caracas el sábado como un “prepotente atentado contra la soberanía del pueblo de Venezuela”. El mensaje, que hasta donde se sabe no fue consultado con la presidenta Claudia Sheinbaum –como correspondería a una cortesía necesaria ante tan delicado asunto–, no gustó en Palacio Nacional, como reveló Milton Merlo en La Política Online, y provocó un nuevo elemento de fricción al interior de Morena. Muy probablemente no será el único que tengan en este año que comienza de manera amenazante para el régimen y que podría llegar a ser, incluso, el principio del fin de la cuatroté.
Los análisis que reciba Sheinbaum deberán estar vacunados contra la propaganda y los enfoques reduccionistas. Una primera observación tendría que incluir la explicación de lo que fue una operación exitosa, que esperaban en estado de alerta en Venezuela desde hace semanas, con un número de bajas limitado. Una segunda, en orden cronológico, sería la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, quien estaba en comunicación con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sobre el periodo de transición que encabezaría Estados Unidos.
En seguida, tras las primeras declaraciones de Rodríguez reconociendo a Maduro como presidente, asumió el cargo de manera interina y horas después, las Fuerzas Armadas, que habían sido el sostén de Maduro, la reconocieron como su líder. Observaciones colaterales en el análisis es que no hubo acciones contra ciudadanos estadounidenses, ni contra las instalaciones de Chevron, la petrolera estadounidense. De manera relativamente pacífica el régimen venezolano asumió los hechos y, más allá de las declaraciones, no pidió, por ejemplo, una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las reacciones de Rusia, China, Irán y Cuba también fueron contenidas.
La operación terminó con dos años de negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para un cambio de régimen. La persona que llevó la negociación fue Jorge Rodríguez, quien trabajó con Maduro y Hugo Chávez, fue vicepresidente, líder de la Asamblea Nacional y, muy importante en este contexto, hermano de la presidenta interina. Los Rodríguez están más cercanos al chavismo que al madurismo; es decir, a la vieja élite que buscaba un nuevo acuerdo con Estados Unidos para proteger sus negocios, contra la nueva élite construida por el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, quien fue la que fundó el Cártel de los Soles y vinculó al régimen con el narcotráfico. Maduro terminó optando por la entrega negociada, en la que la única persona que exigió que saliera con él fue su esposa, Cilia Flores, acusada también, al igual que Cabello, de narcotráfico.
Maduro, que todo este tiempo se negó a aceptar los términos que exigía Estados Unidos, recibió el tiro de gracia judicial con las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos, que detallaron su relación con el Cártel de Sinaloa, como se documenta en la acusación del Departamento de Justicia, y el espacio legal, aunque altamente controvertido, para actuar contra él fue que, con la información en sus manos, declararon al Cártel de los Soles una organización terrorista y a Maduro y sus cercanos como los jefes de ella.
Si López Obrador sabía o no que no había sido un “secuestro” o una entrega negociada, en estos momentos no importa: todo lo que suceda está fuera de sus manos. Estados Unidos quiere de Maduro, entre otras cosas estratégicas en la recomposición del nuevo orden mundial, de seguridad nacional estadounidense y de seguridad nacional hemisférica, que les “entregue”, como definieron funcionarios estadounidenses, a sus cómplices políticos mexicanos, cubanos y nicaragüenses.
La victimización que hizo López Obrador en su mensaje sobre la captura de Maduro tiene fundamento. Su relación con Maduro nunca fue un accidente diplomático ni un malentendido ideológico. Fue una decisión política consciente, sostenida y defendida desde Palacio Nacional bajo el disfraz de la “no intervención”, un principio que invocó selectivamente para justificar lo injustificable.
Desde el inicio de su sexenio, López Obrador optó por normalizar a un régimen señalado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución política, encarcelamiento de opositores y el desmantelamiento de cualquier vestigio democrático. Mientras América Latina tomaba distancia de Caracas, México se ofrecía como escudo político y oxígeno diplomático.
La afinidad no fue retórica: fue operativa. México se negó a reconocer a la oposición venezolana, bloqueó resoluciones críticas en foros internacionales y ofreció su territorio como sede de diálogos que nunca tuvieron como objetivo una transición democrática, sino ganar tiempo para Maduro. Cada mesa de negociación auspiciada por el gobierno mexicano terminó igual: con el dictador más fuerte y la oposición más debilitada.
López Obrador insistió en presentar a Maduro como víctima de un “bloqueo imperialista”, ignorando deliberadamente que el colapso venezolano fue resultado directo de un modelo autoritario, corrupto e incompetente. La defensa abierta de Maduro tras elecciones cuestionadas, el silencio ante la represión sangrienta de protestas y la narrativa calcada sobre “conspiraciones extranjeras” no fue casual. Entre los dos regímenes había lazos más profundos, ligados a negocios criminales.
No puede equivocarse Sheinbaum: en Venezuela no se realizó una acción militar contra Maduro y el régimen para restablecer la democracia o meramente para quedarse con sus recursos naturales, sino para la restauración del orden de Estados Unidos, estemos de acuerdo o no con sus acciones coercitivas, en seguridad nacional. Las acciones no son contra la izquierda, ni las acusaciones a Maduro son por razones ideológicas o electorales. Son por narcotráfico. Qué tanto puede ello alcanzar a López Obrador, dependerá de Maduro y los fiscales en la corte federal de Brooklyn.
Fuente: EL FINANCIERO.
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