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Fue un tema que comenzó con Andrés Manuel López Obrador y continúa con Claudia Sheinbaum: ahora casi cuatro mil 500 claves terminaron en asignaciones directas, invitaciones restringidas y subastas inversas.
El caos inició desde la concepción misma de la mega licitación y el monstruo de tres cabezas de dependencias del gobierno federal involucradas.
Hablamos de la Secretaría de Salud, que dirige David Kershenobich, rectora de la política de compra; Birmex, que lidera Carlos Ulloa, como operador de la compra, y las tres entidades del gobierno “pagadoras”.
Entiéndase el IMSS, que todavía lleva Zoé Robledo; el ISSSTE, que comanda Martí Batres, y el IMSS-Bienestar, a cargo de Alejandro Svarch, quienes elaboran las listas y reciben los medicamentos.
Y para completar el cóctel, la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro, responsable original de este caos y ahora juez, pero siempre con el desconocimiento de las consecuencias de sus veredictos.
La licitación que se hizo para 2025 contemplaba más de cuatro mil 450 claves: a principios del año, Birmex organizó una licitación de dos mil 288 claves, pues ya habían sido adjudicadas muchas otras.
Sin embargo, el 8 de abril, Buenrostro decidió cancelarla, porque hubo “irregularidades” en 175 de ellas, sin que, a la fecha, por cierto, haya ninguna consecuencia legal ni dictámen al respecto.
A raíz de la suspensión se agudizaron los problemas de desabasto en el sector Salud, y comenzó la fiesta de la adjudicación directa, sin la posibilidad de competencia en la oferta de precios.
Las compras se dirigieron a empresas distribuidoras de reciente creación, con productos importados de dudosa calidad, y que si bien ofrecían precios bajos, fueron omisas en el cumplimiento de entregas.
Un caso ejemplar son los laboratorios indios, y particularmente Amarox, que dirige
Gurulinga Swamy Konanur, que tiró los precios en las subastas de compra del IMSS, pero que no surte en tiempo y forma.
Aunque no hay transparencia, no se deja de mencionar la influencia del “cártel” de Andy López Beltran, conformado por Amílcar Olán, Alejandro Calderón Alipi, Juan José Ferrer y David Asaf.
Fueron cerca de 600 claves las que hasta mayo de este año se empezaron a comprar y a entregar en el sector público, 21 de las cuales eran medicamentos oncológicos.
Todo este vaivén en las compras públicas de insumos para la salud ha derivado en desabasto, desorden y cada vez más pacientes en necesidad de ser atendidos y mejorar su salud.
Los más de 50 procesos de compra realizados para subsanar el caos generado están tan o más viciados que la licitación que se anuló podría provocar nuevas acciones que afectarían, aún más, el abasto.
El panorama, para desfortuna del subsecretario de Salud, Eduardo Clark, no es muy halagüeño en el corto plazo, pues a estas alturas aún se siguen licitando claves para el abasto de este año y del siguiente. Y para colmo, se ha señalado un adeudo a proveedores de más de 19 mil millones de pesos desde el sexenio pasado, que en menor o mayor medida, podría afectar el capital de trabajo de los contratistas.
No obstante, parece que hay lecciones aprendidas: se ha iniciado un proceso de conciliación con la Secretaría de Hacienda, de Édgar Amador, para liberar recursos que permitan cubrir el adeudo pendiente.
La licitación 2027-2028 contempla elementos que auguran un mejor desempeño y oportunidades de abasto, pero habría que blindar el proceso para evitar que los actores del pasado, los cárteles, sigan presentes.
AHORA MISMO ESTÁ en su apogeo la deliberación en los organismos cúpulas del sector empresarial sobre quién debe ser el candidato de unidad para presidir el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que en diciembre dejará
Francisco Cervantes. Y, por lo que sabemos, sólo hay dos punteros: Julio Carranza y José Medina Mora. Únicamente un golpe de timón podría recolocar a Sofía Belmar, pero ya la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será una decisión de los empresarios y que Palacio Nacional no va a intervenir, por muy mujer que sea la aspirante. Carranza es el candidato más ad hoc a las circunstancias: moderado, bien visto en la 4T y con mano izquierda. Medina Mora quizás con más tablas, pero identificado como ultraderechista. Además, emanado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que en los últimos tres lustros ha acaparado el CCE.
EN SONORA, QUE gobierna Alfonso Durazo, se cocina otra embestida fiscal, ahora contra el sector del juego con apuestas. A días del sablazo que el Senado de la República dio con el IEPS, el Congreso estatal ya busca endurecer el marco local y asfixiar a unas 30 empresas que generan empleo directo e indirecto para cerca de 25 mil familias en nueve municipios. La reforma, impulsada por la Secretaría de Hacienda estatal, les cuelga al cártel de evasores y pretende imponer controles más agresivos, pese a que el gremio ha buscado acuerdos razonables y ha expresado que no se niega a pagar impuestos, siempre que éstos sean proporcionales. En corto, empresarios del ramo ven en este movimiento un golpe disfrazado de legalidad que roza el hostigamiento y que podría derivar en el cierre de operaciones. La iniciativa, que se discute desde la semana pasada en el Congreso local y será votada mañana martes, amplía facultades para arremetidas fiscales exprés y, aunque promete fortalecer las finanzas del estado, podría dejar un saldo de desempleo, estigmatización sectorial y una señal alarmante para toda la iniciativa privada.
AL GOBIERNO QUE encabeza Clara Brugada no le ha gustado para nada la presión política que ejerce una valera para quedarse con la licitación del programa Mercomuna CDMX 2025, convocada por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (Sapci). Resulta que cercanos al senador Adán Augusto López se acercaron a diversos funcionarios capitalinos para solicitar que se considere como ganadora a una empresa que obtuvo varios contratos millonarios desde la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La subasta en inversa será hoy lunes, y los emisarios del extitular de la Secretaría de Gobernación advirtieron que si no la ganan, cuestionarán desde el Congreso el proceso, la transparencia y efectividad del programa.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
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