Noticia publicada a las 02:53 am 13/11/25

Por: Héctor Tenorio M.

Hay un fantasma que recorre el país con el rostro de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 2 de noviembre. De la noche a la mañana Michoacán es “prioridad nacional”. Prácticamente la Presidencia de la República lleva todo el mes de noviembre con el tema, factores externos como la violencia marcaron la agenda presidencial,

mostrando la debilidad del poder Ejecutivo ante a la herencia recibida en el ramo de seguridad. Además, tienen encima la marcha del 15 de noviembre convocada en varias ciudades por sectores opositores a su gobierno.
El Plan Michoacán por la Paz y Justicia tendrá una inversión mixta que rebasa los 57 mil millones de pesos, cuenta con 12 ejes y más de 100 acciones. Falta precisar quién o quiénes y cómo operarán los recursos públicos.
También es importante conocer en qué condiciones podrá incorporarse la comunidad, ¿podrá hacerse cargo de la operación y adaptación de los proyectos a su realidad y a partir de ahí reconstruir el tejido social? De no ser así, ¿será tiempo perdido? Sin duda traerán resultados positivos los créditos al campo, el otorgamiento de derechos laborales a los jornaleros, el aumento de los programas sociales, la inversión en programas Bienestar: salud, educación, vivienda, cultura, programas para mujeres, jóvenes, atención a pueblos indígenas y el apuntalamiento de infraestructura.
Algunos de los proyectos anunciados ya existen, pero el gobierno estatal carecía de recursos suficientes para echarlos andar. Sin embargo, donde más dudas hay es en lo que concierne al crecimiento económico, la atracción de inversiones, la generación de empleos, porque dependerá de resolver el problema de raíz de los michoacanos, la recuperación de la paz social perdida en Michoacán.
Vale la pena preguntarse, ¿el restablecimiento del Estado de derecho es posible con presidentes municipales al servicio del crimen organizado? El Plan Paricutín, que es el corazón del Plan Michoacán, contempla un despliegue de 10 mil 506 elementos del ejército mexicano y 1,781 elementos de la marina, sumando un total de 12,287 hombres armados. Pretenden impedir el resurgimiento de las autodefensas y al mismo tiempo frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por tanto, es imposible cumplir a cabalidad con el discurso oficial que la violencia no se combate con violencia.
Respecto al panorama del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no parece modificarse, continuará a buen resguardo, en un segundo plano. Su envestidura seguirá desgastándose debido a los supuestos vínculos que tiene con el crimen organizado.
Desde que era candidato de los guindas a la gubernatura, vienen arrastrando esto. Los opositores a su administración no desistirán en su salida. La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, llamó a ejercer un voto de castigo en el 2027, dando entender que el Movimiento del Sombrero encamina sus pasos rumbo a la elección para gobernador.
En Puebla, el gobierno estatal espera con atención ver qué sucede con la marcha de la generación Z del 15 de noviembre en la capital. Es un buen termómetro que permite al gobernador Alejandro Armenta Mier hacer una ruta crítica e intentar ganar la Angelópolis.
Su grupo político, encabezado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada en San Lázaro, pasó de adversario de la presidencia de la República a un operador de gran valía en este momento donde se busca salir de la crisis de seguridad. Construye consensos para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial para el 2027, donde estará en disputa la renovación de la cámara baja y 17 gubernaturas.
Adelantan los tiempos políticos, quieren preservar la mayoría calificada en San Lázaro. Incluso se da tiempo de postular como precandidata a la gubernatura de Zacatecas a la senadora Verónica Díaz Robles. Su hermano, Saúl Monreal, está impedido por una cuestión de nepotismo, recordemos que David Monreal gobierna actualmente.
En este contexto, Morena en las próximas elecciones estaría en riesgo de perder de tres a cuatro gubernaturas, a consecuencia del efecto que trajeron las movilizaciones exigiendo justicia para el finado Carlos Manzo a quien desde las cloacas del poder tratan de desprestigiar con la finalidad de impedir que su movimiento crezca.

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