Noticia publicada a las 01:47 am 07/11/25

Por: Redacción.

El gobernador Alejandro Armenta Mier por fin habló en torno a la sentencia de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial en contra de dos funcionarios del extinto Luis Miguel Barbosa Huerta por el caso Accendo. Y lo hizo en dos sentidos.
Primero fijó una postura sobre la amistad y los actos de corrupción,

que bien vale la pena aplicar en este caso debido a que se trata de un hecho que envuelve a regímenes políticos emanados del mismo partido: Morena.
“La amistad que podemos tener con algunos de nuestros compañeros no es una capa protectora para la impunidad“, dijo Armenta.
Agregó que cuando anunció el inicio de investigaciones contra ex funcionarios estatales (del PAN) por presuntas irregularidades cometidas desde la proyección del Museo Internacional del Barroco (MIB) hubo quien opinó que también debería procederse contra los responsables en el caso Accendo, aunque estuviesen implicados personajes de la 4T.
“El comentario fue: ‘ojalá que el gobernador no proteja a quienes participaron en el caso del banco Accendo’ y ahí está, no hay protección para nadie que cometa irregularidades, sea del PAN, sea del PRI, sea de Morena, sea del PT, sea del PRD, sea del Verde, sea del partido que sea. Militar en un partido no es capa de protección frente a actos irregulares”, expresó, en un mensaje que pareció llevar como destinatarios además a los servidores públicos del presente.
Luego se deslindó de la condena y castigo emitidos por el Poder Judicial.
Es decir, dijo que él no tuvo nada que ver con el fallo.
“¿Qué tiene que ver el gobernador con el proceso judicial?”, preguntó, para contestarse inmediatamente a sí mismo: “nosotros compartimos información, pero quien define el procedimiento penal es el Poder Judicial, es un juez, es un magistrado, no el gobernador.”
Eso será difícil de creer, dado la identidad de uno de los tres magistrados responsables de la condena: Martín Fuentes Morales, y la eterna dependencia del Poder Judicial con respecto del Poder Ejecutivo en el estado de Puebla.

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El que ya se subió al tren del escándalo fue el PAN, que a través de su presidente estatal, Mario Riestra Piña, realizó una denuncia penal en contra de María Teresa Castro Corro, por el mismo asunto que Martín Fuentes y otros dos magistrados la inhabilitaron por 20 años.
“Que se realicen las investigaciones correspondientes contra de María Teresa Castro Corro, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla durante el periodo 2019-2024, así como de los servidores públicos y particulares que resulten responsables por los hechos cometidos y que a mi parecer constituyen el delito de peculado”, indica la denuncia llevada ante la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, el pasado miércoles.
Junto con eso, la acusación solicita investigar el adeudo que heredó Barbosa Huerta por más de 722 millones de pesos, correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, derivado de irregularidades en la declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El PAN de Riestra Piña realiza así una interesante maniobra política, porque será difícil de explicar que se encuentre culpables a los barbosistas solo por la vía administrativa, y no por la penal.
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Para ayudar indirectamente al PAN salió Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, quien respaldó la sentencia del Poder Judicial local contra dos exfuncionarios del gobierno de Barbosa.
“El mensaje no es tema de colores. Quien no cumpla con la ley es un claro ejemplo de que serán sancionados y nosotros siempre estaremos a favor de la ley y consideramos que debemos tener códigos de ética y ser responsables”, expuso el morenista.
Se insiste, si hubo condena y todos en Morena están de acuerdo, cómo podría Pastor Betancourt salir con la “explicación” de que, en materia penal, no hubo delito qué perseguir.
Lo hará si se lo ordenan, pero nadie le creerá.

Fuente: Sol de Puebla.

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