Noticia publicada a las 12:27 am 06/11/25

Por: Miguel A. Rocha Valencia.

Agobiado por deudas, falta de inversión, cierre de empresas y… caída en el PIB

El anuncio de que al tercer trimestre México reportó un ¿crecimiento? del 0.3 por ciento y, con ello, se alejó la posibilidad de alcanzar “aunque sea” el uno por ciento anual, debe tener preocupados a todos, aunque en el discurso oficial se diga que todo está bien y somos muy felices.

La verdad es que el panorama, como ya habíamos apuntado en este espacio, se ve cada vez más difícil, sobre todo porque no hay mucho margen de maniobra financiera, ni siquiera mediante el apretón fiscal y la contratación de nueva deuda por billón 800 mil millones de pesos, de la cual casi el 90 por ciento se irá a amortizar intereses de la ya existente y que se irá a 20 billones de pesos.
Con los apretones fiscales no solo se cancelará el ingreso de inversiones, sino que además hará que muchas de ellas se vayan, colocando en fila a tres grandes corporativos encabezados por Samsung, grupos automotrices como Infiniti y Mercedes Benz, que se suman a las cancelaciones de General Motors y Honda. La salida en el sector energético de Iberdrola debe contar también.
Como efecto de lo mismo, miles de empresas medianas y pequeñas se están mudando a la informalidad: primero, para no pagar los salarios por decreto; segundo, para ahorrarse la cotización de prestaciones como Infonavit e IMSS; y tercero, para deshacerse de impuestos, incluyendo el de nómina. Es decir, menos dinero fiscal y más trabajo del SAT para andarlas correteando.
Del crecimiento de los programas clientelares ni hablar, pues son el sustento del agradecimiento popular al oficialismo, que se llevará casi un billón de pesos, superando con ello lo destinado a “inversión”, cuyo flujo dependerá de los ingresos y de que se gasten efectivamente como están etiquetados.
Por lo pronto, puras malas noticias, como la proyección del magro crecimiento del PIB; el cierre de operaciones aéreas decretado por Estados Unidos al no respetarse el acuerdo establecido en 2015, aunque acá se diga que no hay razón y que afectará necesariamente a empresas nacionales.
Por cierto, aunque la autoridad dijo que no hay razón y que “México no es piñata de nadie”, en menos de 24 horas empezaron a liberarse los slots para que las empresas estadounidenses empiecen a operar su carga.
Con ello vuelve a quedar claro que el precario “equilibrio” financiero del AIFA se debió a decretazos y no a un real interés de las empresas por realizar sus operaciones de carga desde Santa Lucía. Seguramente el año próximo se reanudará el subsidio a cargo del ya maltratado presupuesto de 10.2 billones de pesos.
Desde luego, no hay que descuidar que lo del pacto aéreo que violó la anterior administración se suma a las reformas que tanto se presumen y que, según los expertos —no los “comentócratas”—, se convirtieron en un obstáculo para la inversión, y que con algunas de ellas, ya se dijo, al otro lado de la frontera, se violan el tratado comercial con EU y Canadá.
Porque, además, México exhibe, de acuerdo con las mismas cifras oficiales, problemas graves de opacidad y corrupción. Tan es así que, en 2024, cayó al puesto 140 entre 180 países en el llamado IPC que maneja Transparencia Internacional, con una calificación de 26 puntos de 100 posibles, lo cual marca su peor desempeño histórico, según la OCDE. Claro, habrá que culpar de ello a Calderón, a Peña o a García Luna.
Por su parte, el índice World Justice Project dice que México lleva 10 años cayendo en estado de derecho y ocupa el lugar 121 de 143, con apenas el 0.40 por ciento, peor evaluado que El Salvador, Honduras o Rusia.
Incluso los datos del Inegi muestran que, si bien a la presidenta le va muy bien en imagen, los demás indicadores colocan a la administración pública federal por los suelos, en especial en los temas de percepción de corrupción y seguridad. Ejemplos hay muchos y ninguno castigado, ya que hasta los autores del saqueo a Segalmex siguen operando y defraudando con contratos de gobierno a través de nuevas empresas, como ocurre con los hermanos Enrique, Yibrán y Shyrel Magaña del Valle, considerados operadores de este esquema fraudulento.
Ni hablar de personajes implicados con el crimen organizado “común” y el oficial, donde las cuentas no cuadran y hay distinguidos miembros de la realeza “cuatrotera” involucrados, como el caso de Adán Augusto López Hernández o el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La impunidad es el signo que los cobija, ya que ni siquiera hay indagatorias en torno suyo.
Eso lo saben al otro lado de la frontera y es usado por las agencias del gobierno estadounidense para chantajear a nuestro país y acusarlo de estar aterrado frente al crimen organizado. Con todo ello, difícilmente podrá ejecutarse el Plan México, que es virtuoso, pero… Y vuelvo a afirmar: falta lo peor; aún no tocamos fondo.

Fuente: Índice Político.

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