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Castro, la punta del Iceberg barbosista
Noticia publicada a
las 12:25 am 01/11/25
Por: Enrique Núñez.
Como un contundente mensaje debe leerse la millonaria multa y larga inhabilitación que se le dictaron a Teresa Castro Corro, tras encontrarla responsable del Desvío de recursos públicos y Abuso de funciones.
La multa es escandalosa por su monto. Los magistrados de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado
decidieron que debe pagar 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos. La inhabilitación también fue severa: 20 años sin poder ocupar un cargo público.
Y aquí podríamos decir que la justicia llegó… tarde, pero llegó, sin embargo, no podemos olvidar que Teresa Castro Corro no iba sola, no se mandaba sola y menos operaba en secreto.
Sin duda es responsable de haber tomado 600 millones de pesos del gobierno de Puebla para ‘invertirlo’ en un banco (Accendo) que ya tenía alertas, antes de que ella firmara el Contrato Múltiple para Operaciones de Inversión, el 26 de abril de 2021.
Si Castro Corro era, como presumía el exgobernador Barbosa, tan ducha para las finanzas e inversiones, resulta increíble pensar que desconociera que Accendo estaba en un riesgo tan alto y máxime, cuando tres meses después de la firma, el banco quebró.
Me cuesta imaginar que Castro Corro pueda cumplir con las sanciones administrativas. La multa, insisto, es millonaria.
La sentencia debería ser lo normal en el presumido combate a la corrupción, por desgracia, el caso es tan extraordinario que se convierte en la nota del día.
Y aunque aplaudo que por fin haya responsables sentenciados, insisto en que los procesos jurídicos han sido muy largos. En esta columna y en las páginas de Intolerancia Diario dimos cuenta del hoyo financiero y del daño patrimonial que se generaba.
Esperemos que esta sentencia de celeridad a otros señalamientos, como el que publiqué el 5 de junio de este año cuando revelé que Roxana Tovar, a quien le dieron en redes sociales el mote de #LadyMoches, se decía protegida justamente por María Teresa Castro Corro.
Y ya que hablamos de protección, también seguiremos pendientes de cómo se desarrollan los procesos contra Amanda Gómez, quien en su papel de Auditora simplemente no ‘vio’ que había un hoyo financiero por más de 600 millones de pesos en la Secretaría de Finanzas, durante el gobierno de Miguel Barbosa.
Sea por acción u omisión, los servidores públicos tienen responsabilidad y más en esos niveles.
Ojalá que el caso también sirva para que quienes hoy ostentan las titularidades en secretarias, son jefes de área o directores, vean que sus malas decisiones pueden acarrear consecuencias… algunos años después, eso sí.
