Noticia publicada a las 12:11 am 15/10/25

Por: Martín Quitano Martínez.

La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente.
Francisco Ayala

La tragedia del norte del estado de Veracruz, está siendo atendida con selfies, tratando de ocultar las debilidades institucionales, la impericia profesional, y el abandono humanitario que todo esto conlleva.

De una manera más que dolorosa, ha quedado en evidencia la condición de pauperización gubernamental existente para enfrentar eventos como el sufrido en los días pasados, entendida como el deteriorado marco de actuación y desempeño de las principales y básicas funciones de seguridad ciudadana que deben cumplirse, empezando por las labores de difusión y prevención que fueron prácticamente inexistentes por los tres niveles de gobierno.
El dolor de miles de afectados, de daños a la vida y la economía de las familias, de enormes dimensiones que falta cuantificar, pero que se imaginan por la rabia y los gritos que lo manifiestan cuando observan que las cifras oficiales de damnificados y principalmente desaparecidos los omiten. Toda esa desesperación, esa angustia, se encuentra, se topa con la banalización del dolor de los actores políticos e institucionales, ansiosos de ser vistos ayudando, preocupados por que los anoten dentro de los que visitaron la zona de desastre, porque lo importante es la utilización política del evento.
Después de dejarse ver “monitoreando” desde los despachos presidenciales las condiciones de las zonas afectadas, la presidenta acudió a la zona y fue recibida con gritos, pues es un lugar de tragedia. Después de tres días de no recibir ninguna atención gubernamental, era de esperarse, sin embargo la reacción de Claudia refirió mucho de su carácter duro, nada empático, ni siquiera por cálculo político, para la atención “inmediata” del pueblo que dice encarnar.
Su imagen con el dedo puesto en la boca llamando al silencio a los reclamos de ayuda, quedará como el sello de una actitud insensible de la científica de “cabeza fría”, que no entiende las circunstancias del abandono y la incompetencia existente, que han magnificado los problemas en los lugares afectados.
El gobierno veracruzano fue y sigue estando rebasado; las instancias federales también y de los municipios ni hablamos. Las áreas responsables de la prevención, de la protección civil con “años de experiencia” en la continuidad del segundo piso en Veracruz, se desaparecieron con sus zapatos blanquísimos, sin mácula en los lodos de la ausencia que testifica la falta de compromiso y responsabilidad. El rechazo, los gritos de pesar ante los hechos acontecidos, sirven ahora con claridad, para evaluar la calidad del funcionariado 90% lealtad/10% conocimiento.
La apuesta de una administración pública condicionada por la pertenencia política antes que por la eficiencia, la experiencia y el conocimiento, ha hecho ya demasiado daño en todos los ámbitos institucionales, como para que se siga dándole el cobijo, atendiendo las palabras de la responsable del ejecutivo veracruzano.
La visita presidencial, sólo a Poza Rica, dejando sin visitar otros municipios también fuertemente afectados, es también una muestra de frivolidad, banalización e incompetencia de servidores y funcionarios públicos, por ello es que la reacción de enojo social era de esperarse. Los señalamientos de irresponsabilidad y nulo acompañamiento del gobierno estatal y de los ayuntamientos de los municipios afectados, no fueron solo producto del momento crítico sino una clara manifestación del Principio de Peter en el funcionariado y representación política de la entidad, mostrado ahora con terribles consecuencias,
Las incapacidades e insensibilidades mostradas, auguran momentos difíciles ya no solo para las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico, sino para las administraciones que fueron también puestas a prueba por él y quedaron a deber.

DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
Resulta que la Torquemada y supuestamente intachable María Elena Álvarez-Buylla no lo fue, pues en su gestión al frente del Conahcyt se detectaron irregularidades por más de 400 millones, diez veces más que en los anteriores 20 años.

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