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En una audiencia maratónica de 23 horas, el Ministerio Público (MP) expuso prolijamente una imputación que nunca fue, la de Julio Scherer. Su nombre rezumbaba en todo momento, pero la Fiscalía nunca tuvo el valor de acusarlo.
En esas largas y tediosas horas, el MP repitió el nombre del exconsejero jurídico de la Presidencia, en un burdo y evidente afán de exponerlo, e insistió en vulnerar sus derechos humanos.
Buscaba negarle, por su ausencia, la oportunidad presencial de defenderse. A manera de suplentes, la batería se dirigió hacia César Omar González y Juan Antonio Araujo Riva Palacio, abogados connotados.
La falta de sustento hizo que la pólvora se humedeciera y desembocara en el mayor fracaso de una Fiscalía, al determinar el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que todo se hizo con “mala fe y mala intención”.
Ahora, como la acostumbrada patada de ahogados, la FGR amenaza que irá contra el juez y, conforme a los caprichos del Fiscal, apelará la resolución.
Pero los medios y las personas en audiencia fueron testigos del incompetente actuar e improvisación de la FGR.
Aunque usted no lo crea, una persona que lleva tres años en prisión por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, intentó manipular al polémico Gertz para abandonar la cárcel a cambio de su reputación.
Si algún mérito pudo tener esa causa fallida de la Fiscalía General de la República es demostrar la enorme importancia de que los mexicanos contemos con un Poder Judicial autónomo y profesional del que, sin exagerar, dependen la justicia y el desarrollo del país.
Sin duda, sin un Estado de derecho que garantice libertades, derechos y obligaciones, nuestro país seguirá languideciendo en la mediocridad de un territorio sin ley.
Con este nuevo revés Gertz debería renunciar, y no por el hecho de que la Fiscalía haya perdido un caso más, sino porque la resolucion del juez evidenció la mala fe, el uso de atribuciones y el abuso de poder.
Hay que decirlo: el bajo estándar moral del fiscal Gertz Manero y de algunos de sus más cercanos colaboradores precipitan a la Fiscalía a la ignominia.
¿Qué harán quienes fueron objeto de esta injusta e infundada persecución? ¿Demandarán por los daños? ¿Asumirán estoicamente el efecto corruptor de una acusación que puso en vilo su suerte, su sosiego y sus vidas?
Es tan contundente la resolución del juez, que ordenó investigar posibles responsabilidades penales de quienes condujeron una investigación amañada y de los particulares que denunciaron.
Pronto la responsabilidad recaerá en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que deberá ver las violaciones del caso.
Una investigación así será la espada de Damocles que penda sobre la suerte de una Fiscalía que simuló ser independiente y que solo fue presa de sus fobias y venganzas.
AQUÍ OTRO CASO que demuestra lo que parece ser ya un modus operandi de las fiscalías: el 28 de noviembre de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Fgjcdmx), que comanda Ernestina Godoy, anunció la orden de aprehensión, misma que fue solicitada y obtenida por un Ministerio Público, deteniendo a Julio César Serna, derivado de la información aportada por Miguel Ángel “N”, quien actualmente se encuentra bajo proceso penal. En todos los comunicados de la Fgjcdmx acerca del arresto, vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa de Serna, se hace referencia a las declaraciones obtenidas por Miguel Ángel Vázquez. Pues bien, ayer las huestes de Godoy salieron a comunicar que el susodicho Vázquez regresó a prisión toda vez que los datos aportados al MP no constituyeron una prueba. El exfuncionario se acogió a un criterio de oportunidad y se convirtió en testigo colaborador de la fiscalía, pero la información que dio fue irrelevante y no resultó suficiente para que se tomara como prueba. Si la Fiscalía capitalina hace referencia en todos sus comunicados que Serna fue detenido y está en prisión por esas declaraciones sin valor de prueba, entonces ¿qué será lo que venga para el exdirector del CEDA?
AL IGUAL QUE en el tema de los cubrebocas, Hugo López-Gatell debe tener “otros datos” que muchas otras agencias de salud de todo el mundo ignoran. Ayer emitió una alerta máxima contra del uso de vapeadores, señalando que contienen sustancias tóxicas de alto riesgo y reiterando su prohibición absoluta. Gatell mantiene desde hace años una férrea postura de prohibición contra los cigarros electrónicos, a pesar de que la prestigiada Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos o sus similares de Inglaterra y Alemania, entre muchos otras, con base en evidencia científica y no en mera ideología han reconocido que los vapeadores son una alternativa menos dañina para los fumadores adultos y, en lugar de prohibirlos, han optado por emitir regulación que incluye pruebas sofisticadas como requisito para autorizar su comercialización. Con ello evitan la venta de productos de dudosa calidad o toxicidad, el consumo por parte de menores de edad y, de paso, incorporan al comercio formal un producto de altísima recaudación fiscal. Mientras las tabacaleras tradicionales festejan la política pública de Gatell, la realidad es que, con o sin la alerta sanitaria de ayer, es innegable que el mercado está inundado de vapeadores que de no regularse lo seguirá estando, aunque con nulo control sanitario y su venta libre a menores de edad.
Y EL QUE casi ya tiene un pie fuera de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) es su titular, Ricardo Sheffield. Hace 16 días fue llamado por el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, para ser notificado de que le desmantelarían lo que en Palacio Nacional ya se había reportado como una red de corrupción. Nos referimos a las 38 oficinas o delegaciones diseminadas en todo el país, las cuales se convirtieron en auténticos cotos que se dedicaron a extorsionar a todo tipo de prestadores de servicios y comercios, marcadamente a las gasolinerías y gaseras. Sheffield fue de los pocos funcionarios que tuvo manga ancha desde el principio. No le impusieron a nadie, lo que le permitió repartir las 38 delegaciones entre allegados, la mayoría excolaboradores de él a su paso por diferentes posiciones en su natal Guanajuato, incluida la presidencia de León. Lo mismo sucedió con los subprocuradores. A todos los están removiendo.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
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