|
Lo anterior se afirma considerando, entre otros datos, los proporcionados por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2019), presentada este año por el INEGI. En ella, no hay un solo servicio público que, dependiendo de los gobiernos estatales y municipales, salga realmente bien evaluado.
En efecto, los servicios de alumbrado público, recolección de basura, disponibilidad y calidad del agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad pública y capacidad de las policías preventivas, entre otros ámbitos, reciben muy bajas calificaciones y niveles de satisfacción de las y los usuarios.
La cuestión de fondo se encuentra tanto en los mecanismos de financiamiento de los municipios, es decir, el funcionamiento de la coordinación fiscal y las reglas de operación de Ramos de gasto como el 33, como en las facultades y responsabilidades atribuidas en el Artículo 115 Constitucional, cuya reforma de la década de los 90 en el siglo pasado, pretendía fortalecerlos, pero que se ha traducido fundamentalmente, en lo que el dr. Rolando Cordera ha llamado un “federalismo social salvaje”.
Lo que debería impulsarse desde ya en la presente administración, es una reforma jurídica y administrativa de largo aliento que, con un ánimo genuinamente federalista, permita el desarrollo municipal con una amplia perspectiva de derechos humanos.
Para ello, lo primero que debe reconocerse es una nueva “tipología” oficial respecto de los municipios, que tenga implicaciones no sólo normativas, sino también hacendarias y presupuestales. Por ejemplo, no pueden diseñarse reglas de operación similares para los municipios indígenas que para los metropolitanos. Pero esto, que es de sentido común, no ha permeado en el ánimo de las y los legisladores en nuestro país, ni tampoco en las últimas tres administraciones federales; por lo que sería deseable que en ésta se dé un paso decisivo en la materia.
Así, lo que debe reconocerse es que hay pues, al menos cinco tipos de municipios: a) Los ya mencionados municipios metropolitanos, y dentro de éstos, aquellos que son interestatales, como ocurre en el Valle de México, o en regiones como La Laguna; b) Los municipios metropolitanos que no tienen importantes conurbaciones, como puede ser el caso de ciudades en expansión y crecimiento demográfico acelerado; c) los municipios urbanos medios (con poblaciones que no superan se ubican en alrededor de 100 mil habitantes, pero cuyas cabeceras municipales son ciudades entre 20 y 80 mil personas); d) los municipios rurales no indígenas; y d) los municipios indígenas.
Este ejercicio no puede ser meramente conceptual. Debería llevar a una reformulación de cómo se “etiquetan” los recursos, modificando las prioridades y criterios de inversión, más aún frente a las inmensas necesidades que ha revelado la crisis de la COVID-19, y que debería llevar, por ejemplo, a un programa nacional urgente para garantizar el acceso universal al agua potable.
Asimismo, un replanteamiento del federalismo mexicano obligaría a una reforma estructural de la administración pública federal; por ejemplo, fusionando al CONAPO con el INAFED (ambos desconcentrados de la SEGOB, lo que implicaría también transferir las funciones de conciliación demográfica al INEGI, mediante una reforma a lo que queda de la Ley General de Población.
La cuestión exige de ejercicios de imaginación, pero, sobre todo, de eficacia extraordinarias, porque estamos sin duda alguna ante una situación crítica extraordinaria. La precariedad y fractura de las capacidades de gobierno municipales son notorios, y no puede esperarse que haya resultados distintos, si seguimos haciendo las mismas cosas que no solo no funcional, sino que lo hacen muy mal, desde hace más de 20 años.
Twitter: @SaulArellano
www.mexicosocial.org
Investigador del PUED-UNAM
Fuente: Crónica.
[Regresar a la página principal] |
