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Al cierre del año pasado, cuando se habían acumulado todas las auditorías a la gestión de Rosario Robles Berlanga, la Unidad de Datos de SinEmbargo revisó las mil 469 páginas de la investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2013 a 2016. Halló más de 11 mil 224 millones de pesos de posibles daños al erario público tanto en Sedesol como en Sedatu.
Robles Berlanga, como se sabe, no es señalada por realizar el desfalco. Es señalada solamente por permitirlo. Esto hace que esta historia, dividida en CUATRO entregas, sea más necesaria que nunca. Se pueden consultar como fueron publicadas, una a una. Lo que se publica a continuación es apenas un extracto que permite meterse al mundo de la ex Secretaria de Estado, hoy en la prisión de Santa Martha Acatitla.
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1. HAMBRE Y DINERO
Una cruzada de miles de millones en medios. Opacidad, sospechas de desfalco. Y al final, más hambre
Gustavo Rodríguez González fue vocero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el hombre que siempre estuvo en el centro de las decisiones para avalar las multimillonarias campañas de publicidad oficial que proclamaban los supuestos resultados de los programas sociales a cargo de su jefa, Rosario Robles Berlanga, titular de las dos dependencias. Fue el funcionario público que se encargó de difundir los logros inexistentes del combate al hambre en México con miles de spots en radio y televisión, así como en periódicos, sitios digitales y autobuses.
Mientras esos despliegues millonarios se realizaban, Rosario Robles Berlanga se convertía en la funcionaria con más insolvencias sin atender ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -un cúmulo de cinco mil 321 millones hasta ahora- y se distinguía por su ineficacia. La Unidad de Datos de SinEmbargorevisó los indicadores en el Quinto Informe de Gobierno para conocer los alcances del Gobierno. El hallazgo fue que 18 de 31 objetivos están incumplidos; pero en 12, los relacionados con el combate a la pobreza y que estuvieron a cargo de ella, ni siquiera hay información suficiente.
“No te preocupes, Rosario”, le dijo el Presidente Enrique Peña Nieto durante el lanzamiento de la Cruzada en Zinacantán, Chiapas, frente a Inacio Lula da Silva, en 2013, cuando la entonces Secretaria de Desarrollo Social había recibido la primera acusación: la utilización de los programas sociales para acarrearle votos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cinco años después las imputaciones son más graves. Ahora debe explicar qué ocurrió con 700 millones de pesos provenientes de convenios con universidades públicas que bajos esquemas de subcontratación no comprobaron los recursos recibidos, tanto en la Sedesol como en la Sedatu. A Rosario Robles Berlanga, la ASF le señala un complejo esquema fraudulento en el que incurrió de manera sistemática en las dos Secretarías. Ante los medios, ha dicho: “Estoy muy tranquila … Y que se me investigue por debajo de las piedras”.
La suerte no ha sido la misma para su vocero e impulsor de sus campañas de difusión. Gustavo Rodríguez González fue inhabilitado y multado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el presunto saqueo de dinero de la Sedesol a través de la campaña “Cruzada Nacional. Dos años cumpliendo”.
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2. EL DAÑO CAUSADO
Rosario Robles: Mil 469 páginas de la ASF, posible daño al erario por 11 mil 225 millones, y ni una firma
Las mil 469 páginas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado sobre las gestiones de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) muestran que, de 2013 a 2016, hubo un posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos.
La defensa por la que optó Robles Berlanga fue declarar que en ningún documento relacionado con el mal uso de dinero público está su firma. Aunque en una de las auditorías de 2015 se constata que autorizó los manuales de Organización y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales, áreas clave en la operación y control de contratos.
Además, ha asegurado que todas las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu son legales, ya que se han hecho “bajo el amparo” del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. No obstante, la Auditoría observó una y otra vez que se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
“Entiendo que han dicho que el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] no me perdonará. Yo no pido el perdón de nadie. No tengo absolutamente nada que temer, ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras”, aseveró en una conferencia de prensa del 11 de septiembre pasado.
El total de auditorías, revisadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo, testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-agosto 2015), hubo dudas por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos. Y en la Sedatu –hasta el momento únicamente observaciones de 2016– dudas por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
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3. DOS SECRETARÍAS
Robles y 5 magníficos dejaron sin aclarar 6 mil 558 millones de Sedesol y así brincaron a Sedatu
En agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga tomó protesta como la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), continuó con cinco funcionarios públicos que también conformaron su equipo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esto a pesar de que arrastraban 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos de posibles daños al erario público, de acuerdo con las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El equipo cercano que Robles trasladó a Sedatu estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
“Con relación a mi persona no existe ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad”, dijo Robles en una conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre. “Yo soy la titular, yo soy la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por eso hay órganos ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con nombre y apellido”.
Agregó ante la prensa, en compañía de su ex vocero Gustavo Rodríguez: “si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay pruebas de ello, que se proceda conforme a la ley”.
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas.
Como ejemplo, en una auditoría de 2014 realizada al programa de Comedores Comunitarios, se encontró que en ninguno de los expedientes técnicos se incluyó la solicitud de pago a la Oficialía Mayor para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los costos del equipo de estos comedores. Por esa razón no se pudo comprobar que todos estuvieran en operación.
Pese a ello, Zebadúa, quien ha sido el hombre más cercano de Robles durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se mantiene como el Oficial Mayor de la Sedatu.
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4. EL EQUIPO DE ROSARIO
Robles y 5 magníficos dejaron sin aclarar 6 mil 558 millones de Sedesol y así brincaron a Sedatu
Mauricio Razo Sánchez, como titular del Órgano Interno de Control, fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo contra servidores públicos responsables de las irregularidades señaladas en las observaciones a programas y contratos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2013 a 2015 y por la de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016, periodos tutelados por Rosario Robles Berlanga.
A pesar de los insistentes llamados del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la contratación de Sedesol con recursos públicos a instancias sin capacidad para cumplir con los servicios, que a su vez contrataban a terceros privados, Razo les dio carpetazo argumentando falta de elementos.
En agosto de 2015, cuando Robles Berlanga fue trasladada por el Presidente Enrique Peña Nieto de la Sedesol a la Sedatu, la Secretaria de Estado que este martes comparece ante el Congreso decidió continuar con Razo como cabeza del órgano encargado de quejas y sanciones.
Entonces en la Cuentas Pública 2016 se acumularon más señalamientos archivados, ahora sobre la Sedatu.
El posible daño al erario público de 2013 a 2016 se estima en 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos en ambas dependencias, de acuerdo con las mil 469 páginas de la ASF revisadas por SinEmbargo.
El funcionario público acompañó a Robles desde que inició su gestión en la Sedesol en diciembre de 2012. Ahí tuvo bajo su mando a 41 personas en oficinas como el Área de Auditoría Interna, de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas y de Responsabilidades. De las cuales se desprenden el Departamento de Seguimiento, de Inconformidades y Sanciones, de Investigaciones de Responsabilidades, tres de Quejas y Denuncias, entre otros.
Todo ese equipo tuvo la tarea de dar seguimiento a 120 llamados de la ASF a investigar a los relacionados con el posible daño a recursos públicos por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos correspondientes a las auditorías hechas a Sedesol de 2013 a 2015.
En la Sedatu, el Órgano acumuló otros 51 promociones de responsabilidad administrativa por el posible daño por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos en las auditorías de 2016. La ASF no ha publicado todas las auditorías de 2017.
Fue hasta abril de 2018 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Mauricio Razo inhabilitándolo de la administración pública por dos años.
Fuente: Sin Embargo.
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