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pero que en la realidad ha venido haciéndolo, sin consultarlo y con el objetivo específico de proteger los intereses de los grupos más ricos y poderosos del país, incluyendo a altos funcionarios de los gobiernos federal y estatales; los resultados los conocemos y los hemos venido sufriendo por años, cuando personajes como Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Javier Duarte y Emilio Lozoya, entre otros, no han sido castigados por sus actos de corrupción y los daños ocasionados a la nación y a los ciudadanos indefensos, actuando con premeditación y ventaja, en virtud de estar protegidos por leyes secundarias, reglamentos, recovecos e indefiniciones legislativas aprobadas por los representantes del pueblo que las elaboraron, modificaron y aprobaron para favorecerlos y evitar que puedan ser castigados por sus crímenes y engaños.
No pretendo ignorar que entre los jueces y elementos del sistema de justicia, existan también altos niveles de corrupción, suficientes para dificultar o impedir el castigo a ex funcionarios que hicieron de fortunas mediante actos delictivos diversos, sin embargo, no dudo que los impedimentos y trabas que ahora enfrenta la Fiscalía General de la República para encarcelar a algunos de los colaboradores y cómplices del gobierno anterior e incluso para establecer los cargos de corrupción a otros ex funcionarios del mismo gobierno de Peña Nieto, como Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza, y Aurelio Nuño, que debieran estar siendo juzgados o cumpliendo las condenas que merecen, como ha sucedido con altos funcionarios en Perú, Panamá, Brasil y Guatemala.
Desde luego, el comportamiento más grave del Congreso sucedió en el sexenio pasado, cuando fueron aprobadas las reformas a la educación y a la operación del sector energético, que tanto daño han generado y que se dieron sin el consentimiento de los ciudadanos, cuando los diputados de los diferentes partidos, incluidos los de la oposición, votaron en contra de los principios establecidos en la Constitución del 17. Sin embargo, no son estas las únicas prácticas cuestionables de los sucesivos congresos, pues también son muchos los casos asociados con otros grupos y actividades, como el caso del sector bancario: no obstante que, en la Constitución, se fijó un límite máximo anual a los intereses que se podían cobrar en las operaciones de crédito, para proteger a los sectores con menores ingresos, las tasas que cobran los bancos por servicios relacionados con tarjetas de crédito, están entre las más altas del mundo y son aplicadas con modalidades que en otras naciones se consideran ilícitas. A nadie sorprende que los bancos extranjeros obtengan sus mayores ganancias en México; mayores, claro, a las que obtienen en sus matrices gracias a las modificaciones que los diputados de diversas legislaturas han aprobado, sin tomar en cuenta los daños económicos que causan a los mexicanos y a empresas nacionales. No podemos olvidar las millonarias transacciones mediante las cuales los dueños de los bancos que luego de comprárselos al gobierno, los vendieron a instituciones internacionales sin pagar impuestos, en virtud de las exenciones fiscales establecidas por las mismas legislaturas que acordaron aumentar el impuesto al valor agregado para mejorar las finanzas gubernamentales, algo similar sucede con empresas de seguros y de transporte aéreo, cuyos servicios son conocidos y padecidos en México.
Así, mientras en Estados Unidos, las aseguradoras están obligadas a facilitar un auto, mientras el vehículo siniestrado está siendo arreglado, aquí contar con seguro automotriz no representa garantía real de nada, siendo muchos los casos en que los automovilistas deben esperar a que las compañías de seguros resuelvan el monto de daños a pagar, siendo por ello necesario investigar qué compañías son dignas de crédito antes de contratar un seguro y asegurarse de que el pago de la póliza sea el correcto. ¿Qué tanto los problemas que tienen hoy los usuarios con las aseguradoras, se deben a los reglamentos aprobados por el Congreso, en alguna de las recientes legislaturas?
Otro caso que es necesario revisar, es el relacionado con las operaciones y el trato que las compañías de aviación dan a sus usuarios, a partir de las disposiciones aprobadas por en el Congreso de la Unión en años recientes, Hoy en día, la mayor parte de los boletos aéreos incluyen restricciones absurdas que los pasajeros deben aceptar desde el momento que los adquieren, muchas de las cuales son inexistentes en otros naciones. Hoy es una realidad que las líneas de aviación están protegidas por leyes y reglamentos irracionales que debieran ser revisados por el Congreso actual, con objeto de lograr que la transportación aérea proporcione los servicios que la población requiere y paga.
De igual manera, debiera ser una meta a lograr el establecimiento de candados para impedir que las próximas legislaciones puedan modificar a su antojo y en beneficio de unos cuantos, las leyes que se puedan establecer en beneficio de las mayorías y del régimen democrático que después de tantos años de lucha tenemos hoy en nuestro país.
* Director general del ILCE
Fuente: La Jornada.
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