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¿Estado de Derecho nomás de mentiras?
Noticia publicada a
las 01:14 am 15/02/19
Por: Guillermo Fabela Quiñones.
Como están viendo, ex funcionarios públicos y empresarios beneficiados con el saqueo del país, que la lucha contra la corrupción del actual Ejecutivo federal va en serio, empiezan a preocuparse y a levantar la voz, particularmente los panistas ex mandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón. No les gusta que, como dice el dicho popular, “les saquen sus trapitos al Sol”. Sin embargo, mientras más vociferen mayor será su descrédito,
porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se verá obligado a buscar más a fondo las porquerías que llevaron a cabo en su mandato.
Su falta de oficio político queda de manifiesto en la forma en que han intentado responder a las denuncias hechas por el mismo jefe del Ejecutivo y por funcionarios de su gabinete, principalmente del sector energético. Se nota que eso no lo aprendieron de los priístas, quienes tienen un cinismo inagotable y una desvergüenza que los hace inmunes a todo tipo de acusaciones personales. Saben replegarse como víboras que se han gastado su veneno y están a la espera de mejores oportunidades de contraatacar.
De ahí que sea muy atinada la decisión de enviar al Congreso una iniciativa para prohibir que servidores públicos de alto nivel, brinquen inmediatamente de cumplir su función en una dependencia de gobierno, a una empresa privada cuyas actividades están directamente vinculadas a las que realizaron como funcionarios públicos. Tendrán que esperar, de aprobarse dicha iniciativa, una década para poder incorporarse a un negocio privado que se dedique a actividades productivas relacionadas con las del sector público donde estuvieron laborando.
Esta ha sido una práctica sin duda inmoral, como lo advierten legislaciones de países democráticos donde no se permite ese tipo de “chapulineo”. Aquí se volvió de uso sistemático a partir de la entrada en vigor del modelo neoliberal. Es muy larga la lista de ex funcionarios públicos que se volvieron “empresarios” gracias a sus relaciones y experiencia en el sector público. La que dio a conocer Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la conferencia mañanera de López Obrador el lunes, es sólo un botón de muestra.
Es una paradoja que quienes más exigen que haya Estado de derecho para que se amplíe la confianza de los inversionistas en el país, sean quienes a la hora de que se actúa con firmeza para afianzar mejores condiciones de vida social y económica, se ponen a vociferar contra el nuevo gobierno, por boca propia o por interpósitos voceros bien pagados. No quieren aceptar que su tiempo ya pasó, que ya acumularon grandes fortunas a la sombra del poder político, y que por el propio bienestar de sus hijos deberían actuar con sensatez y prudencia.
Quieren “seguir ordeñando a la vaca cuando ya no da leche”, como dicen los rancheros. Eso es una aberración en la naturaleza y en la vida económica de una sociedad. De ahí el imperativo de que la mencionada iniciativa entre pronto en vigor una vez aprobada sin tardanza, como una más de las leyes necesarias para afrontar la lucha contra la corrupción con más firmeza. ¿Acaso las elites no han clamado largos años por un país con Estado de derecho y con leyes que se cumplan?
