Noticia publicada a las 01:15 am 11/12/18

Por: Fabiola Guarneros Saavedra.

Si el nuevo gobierno logra reducir los sueldos de los juzgadores, si se produce una ola de retiros anticipados y renuncias ¿con qué criterio se cubrirían estas vacantes?
En una democracia, los contrapesos son fundamentales para mantener el equilibrio, para señalar y frenar las políticas de gobierno que pueden afectar el rumbo de un país, para evitar que el poder se concentre en una sola instancia.

Se equivocan quienes consideran que pensar distinto o señalar las fallas es obstaculizar o paralizar al país. Y hay que tenerlo claro, porque en esta nueva etapa no existe una oposición fuerte que represente el equilibrio. PRI, PAN y PRD terminaron aniquilados, ésa es la verdad.
El PRI perdió su núcleo articulador (la Presidencia de la República) y; el PAN, a pesar de ser la segunda fuerza política en el país, vive una crisis interna que mermó su liderazgo, y del PRD ya no hay nada qué decir.
La oposición está surgiendo ahora de los gobernadores, quienes ya lograron, por lo pronto, que los “superdelegados” propuestos por el Presidente de la República no tengan injerencia en materia de seguridad.
Pero el poder que será el verdadero contrapeso del Ejecutivo en esta Cuarta Transformación, será el Judicial, que ya tiene la última palabra en el tema de la reducción salarial, por lo pronto.
La disminuida oposición en el Senado tuvo claro que su intención y voto no serían suficientes para detener la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (que propone bajar los salarios y que no haya nadie que gane más que el Presidente de la República), por eso acudió a la Suprema Corte, para interponer una controversia constitucional.
El viernes pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, con lo que se congela la ley hasta que no se analice a fondo y con “el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable”.
La importancia de esta acción radica en que el ajuste salarial se tiene que analizar con mucho detalle y caso por caso, respetando los derechos laborales. Tiene mucha razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice que muchos servidores públicos se hicieron millonarios a costa del erario y que hubo saqueo; pero no todos los trabajadores de la administración pública están en ese caso, hay investigadores, especialistas, personal calificado, con experiencia, doctorado, actuarios, economistas, ingenieros, etcétera, que han dedicado parte de su vida al servicio y que tienen derecho a tener una buena calidad de vida.
Lo mismo pasa en el Poder Judicial, donde se han dado resoluciones de gran relevancia para el país, como la obligación de crear una comisión de la verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa; garantizar los derechos de personas del mismo sexo (al matrimonio y acceso a la seguridad social); la despenalización de la mariguana con fines científicos y medicinales; el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores del hogar; así como la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, por mencionar sólo algunas.
El contrapeso que representa el Poder Judicial tiene preocupado al nuevo gobierno, quizá por eso hemos escuchado que se le critica por ser “muy caro”. Incluso, en días pasados, el Presidente dijo que ganar 600 mil pesos es inmoral e incongruente “sobre todo para quien dice impartir justicia”.
No puede ser casualidad que el propio jefe del Ejecutivo use esa cifra errónea, cuando una simple revisión al Diario Oficial comprobaría que aun sumando aguinaldos y compensaciones, el sueldo mensual de un ministro o consejero de la judicatura es de 352 mil pesos.
Pero otro dato que llamó la atención fue la terna que envió el Ejecutivo para cubrir la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por personajes afines a Morena. Si a este hecho se suman las críticas a los ministros, jueces y magistrados, se hacen creíbles las versiones que señalan que el nuevo gobierno intenta condicionar y controlar al único poder que no ganó en la elección del 1º de julio.
El Poder Judicial no debería estar sujeto a ningún control político ni presiones económicas, el éxito de su labor como contrapeso a otras autoridades depende justamente de esta independencia.
Si el nuevo gobierno logra reducir los sueldos de los juzgadores, si se produce una ola de retiros anticipados y renuncias (como ya ocurre en otras instancias especializadas y autónomas como el Banxico, Inegi, Conagua, Pemex y otras más), ¿con qué criterio se cubrirían estas vacantes? Si avanzan otras propuestas como la modificación del Consejo de la Judicatura Federal, para que sus titulares sean designados por el Senado, ¿no controlará desde su mayoría en el Congreso al nuevo Poder Judicial?
Además de la Presidencia, el partido, los superdelegados, ¿la nueva administración quiere tener a sus propios jueces?
La existencia de un contrapeso real, que además tiene como mandato resolver todas las posibles controversias de quienes no están de acuerdo con el nuevo gobierno, debe ser asunto de interés y la mayor atención para todos los mexicanos.
Los contrapesos no son frenos para el cambio ni para el progreso, se trata de tener garantías de que el precio del cambio no sea la concentración del poder en una sola instancia.

Twitter: @Fabiguarneros

Fuente: Excélsior.

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