Noticia publicada a las 03:42 am 18/02/18

Por: Carmen Aristegui.

Sin inmutarse, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, salió a explicar lo sucedido con Ricardo Anaya y el agente del Cisen pillado in fraganti, hace algunos días en Veracruz, siguiendo al candidato a la Presidencia.

Nos quiso hacer creer que lo que ahí se vio es legal, normal y parte de la “... función constitucional aprobada por el Congreso de la Unión para dar... seguimiento a todas las actividades relevantes que suceden en el país”.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cuando llegue a la Presidencia desaparecerá el Cisen. “Es un gasto innecesario, superfluo... nosotros no vamos a vigilar a nadie, no vamos a hacer espionaje, no vamos a escuchar llamadas telefónicas, ni hackear teléfonos para obtener archivos y fotografías... no sólo me espían a mí, sino a todos los dirigentes políticos y sociales de este país, pero todo eso... va a desaparecer”. Hay que ver si es buena idea desaparecer, sin más, al órgano de inteligencia del Estado mexicano. Lo que sí, sin duda, se tiene que revisar de cabo a rabo es qué y cómo se usan los equipos, personal e información que se obtiene de muy diferentes maneras.

La pedestre camionetita en la que iba el señor del Cisen siguiendo a Anaya es apenas un eslabón de los elementos con los que cuenta el Gobierno mexicano para –se supone– obtener información de inteligencia que le permita combatir al crimen organizado, detectar amenazas a la seguridad, mantener a salvo soberanía, territorio, población y cuanto hay. La camionetita del señor del Cisen representa la parte más elemental y básica de un sistema que se come al año miles de millones de pesos del presupuesto nacional.

Navarrete Prida subrayó que lo que mostró Anaya “... no significa intromisión ni en la vida personal... Ni se trata de violar la ley a través de medidas de investigación que la ley prohíbe”. Dijo también que “...se valorará cualquier petición, queja o denuncia” que se presente. Con que revisara lo que está –o no– pasando en la PGR con las denuncias presentadas el año pasado, por un grupo de periodistas, abogados, activistas y defensores de derechos humanos víctimas de espionaje con el malware Pegasus ya sería suficiente.

Así como se constató que un agente del Cisen estaba vigilando a un candidato a la Presidencia sin su consentimiento (¿alguien aceptaría ser seguido y vigilado por un agente del Cisen?), también se sabe –porque hay pruebas científicas de ello– que Pegasus se utilizó en contra de “objetivos” que jamás debieron ser espiados, incluyendo a un adolescente que se encontraba en Estados Unidos al momento de ser espiado.

Las denuncias presentadas por Pegasus han dado pie a una investigación voluminosa, pero de la cual no se ha identificado a ningún responsable. No se tiene noticia de que Anaya vaya a presentar alguna denuncia por el “seguimiento” del Cisen a su campaña. Muchos dirán que se tendría que ser muy ingenuo para suponer que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se resolvería esa eventual denuncia y, mucho menos, las presentadas por las víctimas de Pegasus. Sin embargo –a pesar de todo– sí es importante activar los mecanismos de la ley cuando hay evidencia de abusos, atropellos y conducta delictiva, sobre todo si se trata de agentes del propio Estado quienes cometen tan deleznables conductas.

En junio del año pasado, el presidente Peña trató de atemperar el escándalo
desatado por la revelación de Pegasus, pero lejos de hacerlo, se mostró irritado y en algún punto amenazante.

Tal como lo hizo cuando nombró a Virgilio Andrade para investigar la “casa blanca”, anunció que había ordenado a la PGR investigar el presunto espionaje ilegal para, acto seguido, negar categóricamente que el Gobierno hubiera espiado a ciudadanos de manera ilícita. Con eso el Presidente aniquiló la poca credibilidad que hubiera tenido la investigación sobre el caso. Lo mismo pasará si se abre una investigación sobre el Cisen y Anaya. Sin embargo y a pesar de todo, es pertinente que se obligue a la PGR a abrir un expediente como el de Pegasus, por lo menos para dejar constancia de una actuación ilegal como esta. Se acabará el sexenio y vendrán otros, a los que esperan ya expedientes abiertos.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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