Noticia publicada a las 04:36 am 22/01/18

Por: Viridiana Ríos.

El pleito de “Chihuahua y SHCP” sigue avanzando. Todo parece indicar que la siguiente semana se presentará una controversia constitucional contra la SHCP por incumplir los convenios y mermar las finanzas públicas del estado. Javier Corral continúa con su “Caravana por la Dignidad de Chihuahua” en donde explica a diestra y siniestra lo que la SHCP le hizo a su estado ¿Realmente qué está detrás de este pleito?

El ya famoso caso de “Chihuahua vs. SHCP” comenzó cuando el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó públicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de haber cancelado la entrega de 700 millones de pesos a su estado como represalia por la indagatoria sobre los presuntos desvíos de recursos federales a campañas priistas. Esta investigación es una de las más fuertes cruzadas anticorrupción de los años recientes. De entrada, ya llevó a la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI y cercano a Manlio Fabio Beltrones.
La SHCP ha negado que sus motivaciones sean partidistas. Los recursos no se entregaron, explicaron, por falta de “disponibilidad presupestaria”. No podemos saber a ciencia cierta si la SHCP fue partidista en sus decisiones. Lo que sí podemos saber y sabemos, es que podría serlo. Si así lo quisiera, la SHCP tiene mecanismos para premiar o sancionar entidades federativas. Ése es el problema y es lo que hay que atacar de raíz.
La SHCP opera programas y fondos a través del llamado “Ramo 23”, que no tienen reglas claras o carecende criterios transparentes para poder entender cómo se asignan los recursos. Subsidios como Programas Regionales, Contingencias Económicas y el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin), por ejemplo, no tienen reglas de operación a pesar de que otorgan cantidades importantes de dinero a las entidades federativas.
Es decir, la meta de la controversia “Chihuahua vs. SHCP” no debe ser simplemente el atraer los reflectores a una cruzada individual del gobernador Javier Corral, sino una llamada a la acción para que todos los gobernadores, de todos los estados, demanden que se planteen mecanismos para evitar que los recursos federales se asignen con criterios desconocidos.
¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué en vez de ello los gobernadores deciden “distanciarse” del problema de Javier Corral? La respuesta es simple: les conviene.
Parecería contradictorio que a los gobernadores les convenga “depender” de quedar bien con la SHCP para obtener sus recursos.
Cualquiera pensaría que los gobernadores preferirían que la repartición de recursos se diera con fórmulas estrictas que no pudieran ser violentadas. No es así.
A los gobernadores les conviene besarle la mano a la SHCP para obtener recursos porque si se fijaran criterios técnicos claros para que los estados accedie-
ran a recursos extraordinarios, éstos tendrían que estar ligados a que los gobernadores se comprometieran a hacer cosas que nos les gusta hacer: gastar bien el dine-
ro, no sobreendeudarse o hacer la chamba de cobrar más impuestos.
Nada de eso quieren hacer. Prefieren depender de ser buenos aliados de la SHCP que tener que hacer la chamba de gobernar.
Es decir, en el pleito de “Chihuahua vs. SHCP” no hay un solo villano. Hay varios. Hay una SHCP podero-
sa que se aprovecha de unos gobernadores que han decidido ser débiles porque de otra forma tendrían que rendir cuentas.
Este pacto de poder y subordinación por conveniencia se rompe sólo cuando alguien como Javier Corral sale a mostrar la cloaca.
De hecho, un interesante ejemplo de regulación del poder discrecional de la SHCP ya existe. Y no tiene nada contentos a los gobernadores.
Pocos saben que por ley existe un Sistema de Alertas que clasifica el endeudamiento de todas las entidades federativas con tres criterios objetivos.
Sí, por ejemplo, las entidades tienen mucha más deuda que ingresos de libre disposición, por ley se limita su techo de financiamiento neto y el uso de sus ingresos excedentes. Un ejemplo de miles que podrían pensarse.
El “Chihuahua vs. SHCP” será exitoso si culmina con una discusión pública sobre cómo crear más Sistemas de alertas que limiten el poder discrecional de la SHCP y empujen a los gobernadores a ser responsables de sus finanzas.

Fuente: Por Esto.

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