Noticia publicada a las 03:06 am 21/10/17

Por: Luis Sánchez Jiménez.

Ayer se cumplió un mes del sismo del pasado 19 de septiembre y más de cuarenta días del ocurrido el 7 del mismo mes. Ambas tragedias dejaron 369 personas fallecidas, más de 150 mil viviendas con algún tipo de daño o pérdida total, así como un estimado de más de medio millón de mexicanas y mexicanos sin techo, con pérdidas patrimoniales y afectados de múltiples maneras: sin casa, sin negocio, sin trabajo, sin escuelas,

sin capacidad económica para hacer frente a su situación personal.
La gravedad de las consecuencias de los sismos de septiembre hace imprescindible una respuesta integral, eficaz y eficiente del Estado mexicano. La ciudadanía respondió con gran determinación ante la emergencia y exige lo mismo del Estado mexicano en la siguiente etapa que corresponde a la reconstrucción.
El Ejecutivo federal decidió emprender medidas dispersas y con claros fines clientelares para atender a las personas damnificadas por el sismo del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, mediante la distribución de tarjetas bancarias con los logotipos de BANSEFI y SEDATU, algunas de ellas sin fondos en la cuenta, con la pretensión de que las personas afectadas en su patrimonio emprendan, por sí mismas, la reconstrucción de sus viviendas y negocios.
Da la impresión de que esa política apresurada, sin planeación y paliativa, no contaba con el segundo sismo que produjo aún más afectaciones y personas damnificadas. El PRD no comparte la política improvisada de otorgar tarjetas bancarias, por el contrario, es criticable este mecanismo desarticulado, sin planeación integral, sin vigilancia ciudadana y con resultados que serán paliativos, en el mejor de los casos.
El Gobierno federal no tiene ni le interesa hacer un Plan Nacional de Reconstrucción dada la magnitud de los daños que abarca viviendas particulares, comercios e infraestructura pública como escuelas, clínicas y hospitales, carreteras, patrimonio histórico y monumentos, instalaciones gubernamentales, etc., donde participen los ciudadanos afectados, colegios de especialistas en ingeniería y arquitectura, legisladores federales, autoridades municipales y estatales, mucho menos le importa ejercer con transparencia los recursos recibidos en donación, de procedencia nacional y extranjera, ni las reorientaciones presupuestales que la Cámara de Diputados apruebe en el marco de la discusión del Presupuesto 2018.
El GPPRD en el Senado propuso en la primera sesión posterior al sismo del 19 de septiembre, una iniciativa para expedir la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción, con el objetivo de ser la instancia que concentre los recursos destinados a las tareas de reconstrucción y los aplique con absoluta transparencia en su ejercicio y propósitos, al contar para ello con la participación de la ciudadanía a través de un Consejo y un Comité de vigilancia.
En la sesión de ayer del Senado de la República, el PRD propuso que esta iniciativa y otras presentadas por los demás partidos políticos en ambas Cámaras del Congreso, como la de realizar un Decreto para hacer más expedita la canalización y aplicación de los recursos para la reconstrucción, deberían analizarse y dictaminarse con prontitud, no ateniéndose a los plazos reglamentarios, sino apresurando el proceso e incluso trabajarlos conjuntamente en Conferencia de comisiones de ambas Cámaras, para ofrecer una respuesta efectiva y pronta a la ciudadanía sobre el camino que habrá de seguirse para emprender una reconstrucción planeada, responsable y transparente.
La valentía y heroicidad mostrada por miles de mujeres y hombres voluntarios que participaron en los momentos de emergencia tras ambos sismos, dieron ejemplo de voluntad, capacidad organizativa y dedicación que bien le vendría seguir a todas y todos los legisladores y funcionarios de los gobiernos federales y locales.
Urge, entonces, emprender una etapa de reconstrucción que requiere de un Plan Nacional y un Fondo único que dé certidumbre sobre la captación, ejercicio y destino de los recursos disponibles para restituir las condiciones de vida digna de las personas damnificadas.

XXX Twitter @ SenLuisSanchez

Fuente: Crónica.

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