El engaño y los autoengaños son muy lastrantes: “No hay manera de recuperar la engañosa normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlatlaya, porque era anómala, estaba sentada en parte en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la insolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propician ese estado de cosas”.
Colateralmente González Pérez señala un hecho más bien insólito en los ires y venires del Poder Ejecutivo de la República. Impera un “…enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental”. Los griteríos callejeros, en algunas cámaras legislativas, en manifestaciones de opositores y de identificación partidaria llegan a la demanda no del todo pensada pero sí sentida “¡Fuera Peña!”
La trascendente baja en los precios del combustible y las vilezas diversas y abundantes crearon un enojo colectivo que en expresión de conversaciones y recurso de opositores, malestar explosivo y no de actuación constante.
Las consideraciones y confusiones en los casos de Iguala y Tlatlaya en efecto “son una expresión del hartazgo… la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad han provocado, además de dolor e indignación, un sentimiento de desconfianza hacia instituciones, de malestar, de fractura de nuestro estado de derecho, así como una percepción de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad”.
E. Peña Nieto se ufana, con algunas razones admisibles: “Desde el 1 de enero hasta ayer (11 de diciembre) las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las dependencias se han reducido prácticamente en un 60 por ciento, en relación con el mismo periodo de 2012”. Y se guarece: “…es importante señalar que desde el inicio de esta administración se han aceptado todas las recomendaciones emitidas por la CNDH y trabajamos para su efectivo cumplimiento”.
Esto no se aviene con la imputación directa de Luis Raúl González Pérez, si se han de ampliar las omisiones de todo nivel en Iguala y Tlatlaya. Por lo demás la vieja maldad de asesinatos, colusiones, secuestros y otros agravios atroces en la región y en comarcas asediadas y dominadas por el narco y cacicazgos solapados. El horror tiene asiento viejo en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, con sus efectos cucaracha en donde la impunidad reina. En dónde no.
Las malvivencias que aquejan, sobre todo a los empobrecidos por el régimen del priato caduco, no logran retén político y social. Ahora muy dañados por la caída del peso. Colombia y Brasil también tienen mínimos monetarios. Y las bolsas mundiales a la baja. Grecia padece como pocas repúblicas.
La defensa y prevención de la malignidad criminal la ejercen ciudadanos y ONG. Juan Manuel Estrada Pérez fue alabado por el trabajo incansable de búsqueda y localización de niños robados y desaparecidos. Mayela García Ramírez también mereció aprecio público por su defensa de los derechos humanos de las mujeres, determinantemente en Veracruz.
Tan grave es el acoso y daños, que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México solicitó firmemente auxilio para que los policías federales se establezcan en la carretera que conecta el Distrito Federal y el Estado de México, en las inmediaciones del Ajusco.
La expansión de la irritación e impaciencia incluye ahora a Chalco, Xochimilco y Tláhuac. Vendrán patrullajes y vigilancia nocturnos para atenderlos en regiones de cruce de fronteras. La escasez de cuerpos policiales aumenta la criminalidad y las indefensiones. Las cámaras de vigilancia alcanzan hasta el kilómetro 22. Los miedos, complicidades y malos pagos son casuales de los delitos.
Divulgan también que es agresiva la franja de las delegaciones Tláhuac y Tlalpan, la región boscosa de Magdalena Contreras, Xalatlaco y otros lugares que no se indican, en el Estado de México, por la condición fronteriza y de huidas fáciles al Distrito Federal o al Estado de México. Y cuando ocurre, como hacen los mismos agentes para disuadir o persuadir, se dejan territorios como tierra de nadie, tal el Ajusco, zonas de secuestros, asesinatos y robos, de impunidad crónica.
Al aludir a estas desgracias constantes se ha de advertir la vigencia de situaciones que explican, por su antigüedad, la inexorable pérdida de confianza.
El oprobio de las vejaciones es resultado, por supuesto, de ilegalidades u abandonos que no son recientes, no son producto de “generación espontánea”. Han de respetarse, cuidarse, las manifestaciones y si es de reclamarse “todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta pacífica, dentro del contexto de la ley y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia afectando derechos e intereses de terceros”, a decir del ombudsman nacional.
La insolvencia moral y social de los partidarios, de todo partido, en el caso de que se han obtenido ni programas ni utopías que asocian corporaciones amplias y fuertes para pacificar. Tarea lo mismo improbable que ardorosa. Y sí que se necesita un cambio “de actitud, estrategia y discurso”.
El rechazo del discurso de un país en paz es requisito primero para reducir e implementar los cambios. También es de actitud.
Pero con omisiones de todo nivel lo que habrá de seguir, es de anticiparse, un futuro inmediato y mediato con el engaño y el autoengaño, de un país en paz.
Fuente: Milenio.
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